Jueces y fiscales irán a la huelga el 1, 2 y 3 de julio contra las reformas legales del Gobierno

Jueces y fiscales han convocado una huelga para los días 1, 2 y 3 de julio con el objetivo de que el Gobierno retire el proyecto de ley remitido al Congreso que modifica el acceso a ambas carreras. Además, anuncian una concentración para el sábado 28 de junio a las 12:30 horas delante del Tribunal Supremo.

Las organizaciones convocantes, la Asociación Profesional de Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), señalan en un comunicado que han tomado la decisión tras consultar a las bases que, de forma mayoritaria, han aprobado la propuesta.

Señalan que, si tras la concentración del 28 de junio, no se ha producido la retirada de los proyectos legislativos se llevará a cabo la huelga de jueces y fiscales en toda España. "Una vez concluidos estos tres primeros días de huelga, y en función de la respuesta institucional y del estado de tramitación de los proyectos legislativos, las asociaciones convocantes procederán a una revisión conjunta de la situación y valorarán, de forma coordinada, la continuación de la huelga", indica el comunicado.

Asimismo, aseguran que la concentración del 28 de junio es "estrictamente institucional", al margen de cualquier reivindicación partidista. "No se dirige contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que tiene como único objetivo la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de Derecho", aclaran. Y llaman a todos los operadores jurídicos y ciudadanos que así lo deseen a sumarse.

Jueces y fiscales piden la retirada de dos normas. De un lado el proyecto de ley que ya se tramita en el Congreso para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Esta norma, según las asociaciones, perjudica de forma grave la independencia del poder judicial e incrementa los riesgos de su politización.

La otra norma que buscan que se retire es el anteproyecto de ley para reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en fase más incipiente ya que no ha sido aprobada aún por el Consejo de Ministros ni remita a las Cortes para su tramitación. Las asociaciones señalan que la norma atribuye a los fiscales la instrucción de los delitos lo que eleva el riesgo de injerencias políticas. Además, sostienen que se da pasos atrás al incrementar de forma injustificada el poder del Fiscal General del Estado.