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La presidenta del TS y del CGPJ llama a autoridades y particulares a recuperar el respeto a los tribunales

  • Pidió dejar de insultar a los jueces y acabar con las presiones
La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, en las XXXIII Jornadas de Magistrados, Jueces y Decanos de España. | Efe

elEconomista.es
Madrid,

La presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, expresó este miércoles su apoyo a todos los magistrados del alto tribunal y a los miembros de la Carrera Judicial que soportan "descalificaciones constantes de quienes discrepan de sus decisiones" y ha hecho un llamamiento a autoridades y particulares a que recuperen el respeto que merecen los tribunales y quienes los sirven.

"Lamento que la pérdida del respeto que merecen personas e instituciones y, especialmente, los tribunales de justicia y quienes los sirven, haya llegado a niveles que nunca debería haber alcanzado. Desde aquí quiero hacer un llamamiento a autoridades y particulares a recuperar ese respeto y reclamo el cese de cualquier presión o interferencia en la labor judicial", manifestó durante su intervención en el acto de inauguración de las XXXIII Jornadas de Magistrados, Jueces y Decanos de España.

Las resoluciones judiciales, añadió Perelló, "pueden y deben ser objeto de debate y de crítica, pues nos ayudan a mejorar, pero no caben las descalificaciones personales ni los insultos a los jueces ni tampoco presiones intolerables, ya que socavan el ejercicio de la función que la propia Constitución encomienda al Poder Judicial".

También recordó que "el sistema procesal cuenta con mecanismos de garantía suficientes para corregir las resoluciones que, en su caso, contengan errores" y que "toda resolución judicial es susceptible de ser revisada, con garantías de imparcialidad, por jueces distintos a los que las han adoptado".

"Por tanto, las manifestaciones públicas que cuestionan actuaciones de jueces concretos, y hasta ponen en duda la legitimidad de las instituciones judiciales, son impropias de un Estado democrático avanzado, en cuanto que minan la confianza de los ciudadanos", ha advertido antes de subrayar "que todos los poderes públicos, sin excepción, están obligados a promover la confianza en las instituciones democráticas que nos dio la Constitución", dijo.

En referencia a las reformas del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal que planea el Gobierno, la presidenta del TS dijo que "el legislador tiene como límite el respeto a la Constitución y no puede desviarse de la configuración del Poder Judicial como un poder rodeado de las garantías que lo hacen digno de ese nombre. Ni tampoco puede el legislador degradar el estatuto de los jueces ni afectar negativamente aspectos que atañen a principios sustanciales o nucleares como son la independencia, el mérito y la capacidad".

"No os quepa duda", añadió, "de que estaremos atentos a la evolución que se vaya produciendo y, en su caso, a cualquier cuestión que pudiera suponer el más mínimo atisbo de merma en vuestra independencia o que pueda afectar a vuestras condiciones de trabajo. Ambos factores nos conciernen e inciden directamente en el servicio que los jueces prestamos a los ciudadanos. Cada vez que se pone en cuestión la capacidad de un juez para conocer de un determinado asunto se está afectando la capacidad funcional del Poder Judicial y, en definitiva, al Estado de Derecho".