Jueces y fiscales rechazan en bloque la reforma que facilita el acceso a las carreras sin oposiciones

Asociaciones de jueces y de fiscales rechazan la reforma aprobada ayer por el Consejo de Ministros y remitida al Congreso para cambiar el acceso a la carrera judicial y fiscal. La futura norma busca que jueces y fiscales sustitutos puedan convertirse en fijos sin pasar las correspondientes oposiciones.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, junto a la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales han emitido un comunicado conjunto en el que rechazan con rotundidad varias de las nuevas medidas que se plantean en el Proyecto de ley.

La norma pretende asegurar una plaza fija a los actuales 954 jueces y 331 fiscales sustitutos, que en la actualidad son trabajadores temporales, a través de que se una al mismo proceso selectivo que los del cuarto turno, aquel que permite a juristas de reconocido prestigio y más de cinco años de experiencia acceder a la carrera judicial.

El Gobierno argumenta que con este proceso para dar plaza a estos profesionales, que conlleva un examen práctico y la valoración de méritos, se cumple con las exigencias europea de estabilizar a estos trabajadores.

Menos conocimientos para ejercer

Las cinco asociaciones denuncian rechazan este proceso extraordinario por ser contrario a la Constitución y, aseguran, no es lo que pide Europa. "La convocatoria de un único proceso por carrera, sin establecerse un número de plazas determinado, abierto a cualesquiera profesionales y basado en una oposición consistente únicamente en un dictamen práctico, seguido de una fase de méritos, no asegura la acreditación rigurosa de los conocimientos jurídicos necesarios para ejercer funciones jurisdiccionales o fiscales", denuncian.

Aseguran que este sistema otorga acceso directo a la categoría de juez o fiscal, tras prácticas en la Escuela Judicial o el Centro de Estudios Jurídicos, sin equipararse en exigencia y comprobación de aptitud al proceso ordinario del turno libre. "Se consagra así una vía de acceso extraordinaria carente de las debidas garantías de transparencia y rigor", indican.

Además, señalan que supone un agravio comparativo frente a los opositores que superan un exigente proceso selectivo. "Erosiona hasta su derrumbe los pilares constitucionales de mérito y capacidad que deben regir el acceso a la función pública", apuntan.

A su juicio, la Administración debe estabilizar a estos empleados convirtiéndolos en empleados públicos, pero no en funcionarios.

Por otro lado, las asociaciones también se muestran críticas con que la nueva regulación del llamado cuarto turno, " un concurso-oposición sin límite máximo de plazas y reconociendo una antigüedad ficticia de cinco años desde el ingreso, posibilita un acceso discrecional arbitrario y perjudica grave y caprichosamente a quienes superan la oposición por el turno libre".

Comisión de Ética Judicial

Además, el comunicado lamenta la inclusión de miembros designados por las Cortes Generales en la Comisión de Ética Judicial, ya que compromete su independencia y convierte un órgano técnico y consultivo en un instrumento vulnerable a injerencias externas. Asimismo, asegura que la creación de un centro público de formación de opositores, dependiente del Ministerio de Justicia, que, además, tendrá las competencias en materia de becas, conlleva un "evidente riesgo de control ideológico del acceso a la carrera judicial y fiscal por parte del Ejecutivo, inasumible en un Estado de derecho con separación de poderes".

Finalmente, critican que la norma impida que las asociaciones judiciales reciban financiación privada ya que supone "un ataque directo a su capacidad operativa". "Estas asociaciones no solo representan los intereses profesionales de los jueces, sino que son garantes activos de los valores constitucionales y del Estado de Derecho. Su debilitamiento afecta a la pluralidad y la libertad de expresión dentro de la carrera judicial, cuyos miembros tienen prohibida por la Constitución el acceso a mecanismos de sindicación", concluyen.