El Gobierno estudia amonestar a las firmas sin canal de denuncias antes de multarlas

El Ejecutivo estudia amonestar a las empresas que no dispongan de un canal de denuncias interno, antes de comenzar a multarlas. Cabe recordar que las sanciones por incumplir con esta obligación ascienden entre los 600.001 euros y el millón de euros para las empresas y entre los 30.001 y 300.000 euros para los autónomos, siempre que tengan más de 50 empleados a su cargo.

Esta obligación entró en vigor el 13 de junio de 2023 para las compañías con 250 o más trabajadores; mientras que para aquellas de entre 50 y 249 empleados, se puso en marcha a partir del 1 de diciembre de 2023.

A pesar de que ha pasado más de un año desde que las sociedades deben contar con estos canales, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes aún no ha aprobado la Orden Ministerial para que la nueva Autoridad Independiente de Protección del Informante, órgano competente en materia sancionadora, pueda multar. Aunque esta Autoridad está creada desde finales de 2024, aún no ha entrado en funcionamiento.

No obstante, según indican las fuentes jurídicas consultadas por este diario y cercanas a la comisión legislativa, el Ejecutivo estudia en la actualidad lanzar una serie de amonestaciones públicas para evitar que cunda el pánico entre las compañías antes de comenzar a sancionarlas por no tener un canal de denuncias, ante el elevado importe de las multas. Sin embargo, a partir de una determinada fecha que el legislador considere oportuna, empezarían las sanciones, apuntan las mismas fuentes.

La imposición de poner en marcha este buzón nació de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones y de lucha contra la corrupción.

La normativa no solo obliga a las compañías a tener este buzón, sino también a la Administración Pública, universidades, partidos políticos, sindicatos o fundaciones que reciban financiación pública.

Otros castigos

Además de las sanciones económicas, empresas, entidades y organismos también afrontan otros castigos como verse privados de subvenciones o beneficios fiscales durante cuatro años o tener vetado el acceso a la contratación pública en tres años.

El canal de denuncias debe permitir a los empleados de las compañías poder denunciar de manera totalmente anónima infracciones, malas prácticas laborales, abusos o casos de corrupción.