Fondos para invertir en la 'S' de ESG

La taxonomía verde europea ya ha salido adelante, aunque el camino no ha sido fácil. Ha generado gran controversia, al haber incluido la energía nuclear y el gas entre las actividades apellidadas verdes (los expertos que elaboraron el Reglamento de Taxonomía los dejaron fuera, pero finalmente prevalecieron los intereses políticos de los estados miembros). Consulte más artículos sobre ISR en elEconomista Inversión sostenible y ESG.

La taxonomía es una ciencia que, en biología, permite la clasificación de animales y vegetales de acuerdo a unos métodos y fines específicos. En el mundo de la inversión, su utilidad es la misma. La taxonomía verde permite clasificar aquellas actividades que contribuyen a alcanzar el objetivo de neutralidad de carbono que la UE se ha fijado para 2050. Y, por su parte, la taxonomía social, que está ahora gestándose, recogerá las que favorezcan los objetivos sociales (que son amplísimos, y que tienen que ver con el bienestar de empleados y otros grupos de interés, entre otros temas). 

La taxonomía social que está gestándose es ambiciosa "en el sentido de que va más allá del business as usual", comenta Andrea González (Spainsif)

El borrador de esta taxonomía social la presentó a primeros de marzo, ante la Comisión Europea, un grupo de expertos específico dentro de la Plataforma de Finanzas sostenibles de la UE. Se trataba ya, en realidad, el segundo borrador que presentan estos expertos a la Comisión: el primero se lo entregaron en julio de 2021, y se sometió a consulta pública, de modo que esta segunda propuesta recogía ya todo el feedback recabado en la consulta. Ahora, la Comisión debe valorar si continúa adelante con el desarrollo de la taxonomía social o si la deja para más adelante; y, de seguir adelante, debe definir qué parte de la propuesta de los expertos mantiene y qué parte modifica, de cara a realizar su propia propuesta como Comisión Europea (que tendrán que aprobar posteriormente Parlamento y Consejo, igual que con la taxonomía verde). 

A grandes rasgos, esta propuesta de taxonomía social incorpora tres objetivos: el trabajo decente, que incluye a los trabajadores de toda la cadena de valor; la promoción de unos estándares de vida adecuados y bienestar; y de unas sociedades y comunidades inclusivas y sostenibles. Al mismo tiempo, deja claro para qué sectores resultan más relevantes estos objetivos, que además tienen que estar ligados a actividades en las que sea posible invertir.

¿Es ambiciosa esta taxonomía? Según explica a elEconomista Inversión sostenible y ESG Andrea González, subdirectora general de Spainsif (asociación sin ánimo de lucro que promueve la inversión responsable en España), sí lo es, "en el sentido de que la inversión tiene que ir más allá del mero cumplimiento normativo, del business as usual; más allá de minimizar riesgos sociales y de protegerse de ellos, de lo que se habla es de evitar y reparar esos daños". González pone un ejemplo: si hablamos de una formación dirigida a los trabajadores, se trataría, además de capacitarlos en una cuestión específica, de dirigirla de manera intencionada hacia grupos en riesgo de exclusión social, para mejorar los niveles de empleabilidad. "Eso es más que protegerse contra los riesgos, es arreglar o solucionar un problema", señala. 

Discrepancias entre Estados

Uno de los principales escollos que enfrenta esta nueva taxonomía son las diferencias en la forma de regular en cada país las cuestiones sociales, y las discrepancias entre unos y otros estados de la UE a la hora de abordar aspectos como la igualdad, la diversidad, la dependencia…

La clasificación de actividades sociales "no estará exenta de incertidumbres", advierte, desde Afi, Jesús López Navarro

"Cerca de la mitad de los participantes en la consulta pública mostró preocupación por que esta taxonomía pueda interferir con las legislaciones de los diferentes países, y con la soberanía nacional de los estados miembros", explica la subdirectora de Spainsif. "Y lo que proponen en este segundo borrador para sortear este escollo es considerar criterios mínimos de las legislaciones nacionales, así como cualesquiera otros criterios adicionales que se consideren una contribución sustancial [a los objetivos sociales]. En segundo lugar, abogan por utilizar criterios que ya sean reconocidos por los países europeos, como por ejemplo los que establecen Naciones Unidas, o la OIT (Organización Internacional del Trabajo). Si todos los estados miembros han reconocido ya una norma internacional sobre ese tema, marcar el estándar no debiera suponer un problema", remata Andrea González.

Jesús López Navarro, analista de inversiones en Afi, advierte que "esta nueva taxonomía no estará exenta de incertidumbres" en un momento en que el mercado está todavía aterrizando su hermana mayor, la ambiental. Y añade que, pese a que el borrador no es vinculante para la Comisión, "teniendo en cuenta que la que la Plataforma de Finanzas sostenibles está formada por grandes expertos, se espera que estas recomendaciones tengan un peso considerable en las futuras decisiones" que tome el organismo comunitario. 

Productos en negativo en el año

Existen fondos de inversión que ponen el foco específicamente en la igualdad de género, la diversidad, y el impacto positivo en las comunidades vulnerables. En este grupo de fondos, destaca, según recoge Morningstar, la rentabilidad anualizada que ha obtenido en el último trienio el ABN AMRO Funds - Parnassus US Sustainable Equities A EUR Capitalisation, que se ha anotado más de un 19%. En 2022 cede un 3%. Invierte en compañías de EEUU con buenas prácticas ESG (ambientales, sociales y de buen gobierno), con un peso importante de la tecnología y de los servicios financieros en la cartera (pesan un 27% y un 15%, respectivamente). 

Con retornos de doble dígito a 3 años encontramos también el BMO SDG Engagement Global Equity A EURH Acc. Invierte en pequeñas y medianas compañías (el 46%, de EEUU, y otro 15% radicadas en Japón) y está clasificado como artículo 9 dentro del Reglamento europeo de Divulgación, lo que quiere decir que, dentro de esta clasificación, es lo más puro, un producto de impacto. 

Con rentabilidades más modestas en el trienio se sitúa el Federated Hermes SDG Engag. Eq. REURAccPortH, que se anota un 7,2%, pero cede más de un 8% en el presente año. Por su parte, el AXA WF ACT Social Progress E CapEUR se anota un 6,4% anualizado a 3 años, pero cae más de un 10% en 2022. Invierte en compañías que "crean valor financiero y social fomentando el progreso social". De la misma gestora, el AXA WF ACT Human Capital E Cap EUR identifica a las empresas europeas "que combinan criterios financieros y las mejores prácticas de capital humano", incluidas la estabilidad del empleo, la formación y los sistemas de retribución. Su retorno a 3 años es ligeramente inferior al 5%.