Pensiones y privatizaciones, los logros de Jair Bolsonaro en Brasil

El 1 de enero de 2019 Jair Bolsonaro juraba el cargo como presidente de Brasil bajo la promesa de "liberar" al país sudamericano "del yugo de la corrupcion, de la violencia, de la sumisión ideológica". El discurso del líder conservador marcaba el inicio de un año en el que Brasil ha dado un giro de 180 grados tras 13 años de Gobierno del Partido de los Trabajadores. La apertura económica del país al exterior, la reducción del enorme déficit público y la lucha contra la criminalidad han acaparado la mayor parte de los esfuerzos de Bolsonaro durante sus primeros 365 días de Gobierno.

La joya de la corona de la agenda reformista del Ejecutivo ha sido la nueva ley de pensiones, un recorte de las prestaciones por jubilación que va a suponer un ahorro de 870.000 millones de reales (unos 193.000 millones de euros) en diez años para las arcas del Estado. Hasta ahora, era posible que los brasileños se jubilaran con poco más de 50 años, pues el sistema permitía hacerlo tras contribuir durante al menos tres décadas. Sin embargo, la nueva ley impone una edad mínima de jubilación de 62 años para las mujeres y de 65 para los hombres, con un tiempo mínimo de contribución de 15 y 20 años, respectivamente.

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A pesar de la imposición de una edad mínima, el proyecto cuenta con algunos casos especiales. Por ejemplo, la edad mínima de jubilación para los trabajadores de zonas rurales se mantuvo en 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, con un tiempo mínimo de contribución de 15 años. Algunas categorías profesionales, como los profesores, seguirán con reglas diferenciadas. Para los nuevos docentes, la edad mínima para tener acceso a los beneficios será de 60 años para hombres y 57 para mujeres, con 25 años de contribución. Los miembros de organismos de seguridad federales, amparados por normas propias, tendrán un régimen especial, debido al riesgo y restricciones de su trabajo, que entre otras cosas les niega el derecho a huelga.

Además, introduce un sistema de capitalización individual que insta a cada trabajador a descontar una parte de su salario para transferirlo a una especie de plan de pensiones que recibirá en el momento de su jubilación. Y finalmente, también se ha fijado un mínimo de 40 años de contribución para recibir la pensión íntegra y se ha limitado el cobro de varias pensiones de forma simultánea.

Privatizaciones

Otra de las grandes promesas de Jair Bolsonaro fue el de privatizar Brasil casi al completo para reducir a mínimos la presencia del Estado en la economía. Hasta el mes de septiembre, el Gobierno brasileño recaudó 96.200 millones de reales (unos 21.100 millones de euros) con la venta de activos y privatizaciones, superando así el objetivo marcado para este año, que era de 20.000 millones de dólares (18.000 millones de euros). Entre las empresas incluidas en su plan de privatizaciones se encuentran Correos, la Casa de la Moneda, Telebras, compañías del área de infraestructuras y Eletrobras, una de las joyas del Estado, considerada la mayor empresa de generación y transmisión de energía eléctrica de América Latina, que se encuentra abierta a la incorporación de inversores privados desde hace más de un año, cuando se calculó su valor en 6.500 millones de dólares (5.860 millones de euros).

También hay muchos rumores sobre la privatización de las dos mayores entidades financieras públicas del país, Banco do Brasil y Caixa Económica Federal, sin embargo, el propio Bolsonaro salió al paso de las informaciones para desmentir que este hecho esté en la agenda del Gobierno. "Por mi parte no existe ninguna intención de pensar eso", aseguró. No obstante, según el diario O Globo, estas privatizaciones no se realizarían en el corto plazo, pero podrían suceder antes del final del mandato de Bolsonaro, el 1 de enero de 2023.

El Gobierno brasileño también anunció que se licitarán 44 proyectos de infraestructura en 2020, con los que espera atraer más de 101.000 millones de reales (unos 22.200 millones de euros). Según el ministro de Infraestructura, Tarcísio de Freitas, se trata de concesiones de aeropuertos, carreteras, puertos y vías de tren. En el caso de lograrse esta recaudación, supondrá más de 11 veces todo lo que el Gobierno recaudó este año con la concesión de infraestructuras y el 43% de todas las concesiones que se pretenden ejecutar hasta el final del mandato de Bolsonaro, de 231.000 millones de reales (50.800 millones de euros).

Por su parte, Paulo Guedes, ministro de Economía y figura más visible del Ejecutivo de Bolsonaro, ya ha asegurado en más de una ocasión ante los medios de comunicación que el Gobierno intentará "vender todo" para reequilibrar las cuentas públicas. De momento, Bolsonaro ya ha dado luz verde a la privatización de las principales atracciones turísticas del país con el Programa Nacional de Desestatización (PND). El Parque Nacional de Iguazú, que alberga las famosas cataratas; Jericoacoara, donde se encuentran algunas de las mejores playas del Brasil y el Parque Nacional de los Lençois Maranhenses, un conjunto de dunas blancas separadas por lagunas de agua dulce cuyo color varía de azul a verde, serán entregadas al sector privado. Con este programa, el Gobierno pretende conceder a la iniciativa privada la "prestación de los servicios públicos de apoyo a las visitas", así como el "coste de las acciones de apoyo a la conservación, a la protección y a la gestión".

Las reformas que vienen

La reforma de las jubilaciones es solo la punta del iceberg del plan del Gobierno de Bolsonaro para impulsar la economía en el gigante sudamericano y acabar con el crónico déficit fiscal, que equivale al 6,32% del Producto Interior Bruto (PIB). Entre las medidas que se encuentran pendientes de aprobación en el Congreso se encuentra el denominado PEC de emergencia, un proyecto impulsado personalmente por Guedes que pretende prohibir de manera temporal la promoción y contratación de nuevos funcionarios, a la par que reduce la jornada y el sueldo de los actuales.

También figura un plan para invertir parte de los 281 fondos públicos que tiene el Estado, que cuentan con unos 200.000 millones de reales (unos 44.000 millones de euros), en pagar parte de la deuda pública. Por último, figura el "Pacto federal", con el que se quiere impulsar la descentralización del país para que los Estados y municipios tengan más autonomía en la gestión de sus recursos. De acuerdo con Guedes, el proyecto dará a cada región 500.000 millones de reales (unos 110.000 millones de euros) durante los próximos 15 años y reducirá los gastos del Estado. No obstante, el ministro de Economía de Brasil admitió recientemente que el plan de privatizaciones está siendo más difícil de lo previsto inicialmente, pero señaló que hasta ahora alcanzó los 100.000 millones de reales (unos 23.810 millones de dólares).

Guedes subrayó que el Gobierno intentará "vender todo" para reequilibrar las cuentas públicas del país y señaló que están estudiando un proyecto de privatización que podría otorgar 250.000 millones de reales adicionales (unos 53.595 millones de euros) a las arcas del Estado, aunque evitó dar detalles del mismo.

Miedo a las protestas

Bolsonaro confiaba tener encarrilada la aprobación de las medidas para principios de 2020, pero los proyectos se encuentran paralizados por las revueltas sociales que han estallado en otros países latinoamericanos y que amenazan a la principal economía de la región por el denominado "efecto contagio". En Chile, la subida del billete de autobús ha desencadenado una oleada de revueltas que se extienden desde hace más de dos meses y que ha llegado a poner en peligro, incluso, el futuro del presidente Sebastián Piñera. El Gobierno de Ecuador también tuvo que hacer frente a protestas generalizadas por intentar liberalizar el precio de la gasolina, mientras que en Argentina la agenda reformista de Mauricio Macri ha acabado agravando aún los problemas económicos del país, que ahora se encuentra en manos del peronismo. Colombia fue el último de los países en sumarse a las protestas sociales y obligó a Iván Duque a aprobar una serie de medidas económicas para calmar los ánimos. El pueblo brasileño ya salió a la calle en 2013. Lo que comenzó, al igual que en Chile, como una protesta por la subida del precio de transporte público, acabó transformándose en un movimiento contra la corrupción y la clase política que sacudió el país. Las revueltas acabaron precipitando la destitución de Dilma Rousseff y la llegada de Michel Temer al poder y creando el caldo de cultivo que terminó provocando la victoria de Jair Bolsonaro.

En este contexto, llevar a cabo proyectos que supongan recortes de prestaciones o derechos laborales puede suponer un "suicidio político" para el actual presidente, que no pasa por su mejor momento de popularidad. Bolsonaro logró el triunfo con el 55,2% de los votos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al 44,8% de su rival de izquierdas, Fernando Haddad, pero hoy las encuestas le dan menos de un 30% de aprobación. La salida de la cárcel del expresidente Lula da Silva, mientras agota todos los recursos posibles contra su encarcelación, ha supuesto otro golpe para la aprobación del actual mandatario. Lula ha vuelto a revitalizar a la oposición, huérfana de una cabeza visible desde la victoria de Bolsonaro. El expresidente ya ha dicho que está dispuesto "a dar batalla" contra las políticas del líder conservador, razón de más para que el Gobierno brasileño extreme la precaución en lo que respecta a la aprobación de las nuevas medidas.

Acercamiento a Trump

El Gobierno brasileño ha dado un giro de 180 grados a la política exterior de Brasil, en la que destaca por encima de todo un acercamiento a Estados Unidos. La sintonía entre Donald Trump y Jair Bolsonaro es evidente y ambos países han iniciado conversaciones para firmar un acuerdo de libre comercio, aunque la cercanía de las elecciones presidenciales estadounidenses, que se celebrarán el próximos 3 de noviembre de 2020, puede congelar las negociaciones. Además, la reciente decisión del republicano de imponer aranceles al acero y al aluminio procedentes de Argentina y Brasil ha sido un jarro de agua fría para las relaciones entre ambos países. El propio Bolsonaro aseguró que confía en que Trump diera marcha atrás a la decisión y descartó dar la espalda a su poderoso aliado del norte: "No porque un amigo diga algo fuerte en una situación cualquiera le voy a dar la espalda", aseguró ante los medios de comunicación.

Las tensiones comerciales a nivel global, sin embargo, han empujado a Jair Bolsonaro a buscar nuevos aliados fuera de las fronteras de Latinoamérica, lo que ha propiciado su acercamiento con el gran enemigo comercial de Donald Trump: China. En este último año, Pekín ha aumentado las compras de carne brasileña y ha entrado con fuerza en las subastas de petróleo en aguas profundas. Ambos países ya son excelentes socios comerciales: en 2018 protagonizaron un intercambio comercial de casi 99.000 millones de dólares, dos veces más que el flujo que mantiene Brasil con Estados Unidos

Reducción de la violencia

Junto a la aprobación de la reforma de las pensiones, la reducción de la tasa de homicidios es el otro gran triunfo de Bolsonaro en su primer año de gobierno. En los primeros siete meses de 2019, se reportaron 24.375 asesinatos en Brasil, un 22,6% menos que en el mismo periodo de 2018, cuando la cifra de muertes violentas se disparó hasta los 31.488. En el lado negativo de la balanza figura el aumento de los delincuentes muertos en enfrentamientos armados con la policía. En el Estado de Río de Janeiro, esta cifra se disparó un 16,2%.