El Gobierno británico amenaza con cerrar el Parlamento de nuevo si el Tribunal Supremo anula la suspensión

Desde hace dos días, los ojos del Reino Unido están puestos en el Tribunal Supremo, en el que puede ser uno de los juicios más importantes en siglos y cuya sentencia se espera para principios de la próxima semana. La apelación contra el cierre del Parlamento ordenado por el primer ministro, Boris Johnson, y firmado por la reina Isabel II se ha convertido en un debate constitucional clave sobre quién tiene más poder: el Parlamento o el Gobierno. Y el abogado que representa a Johnson ha dejado sobre la mesa la posibilidad de suspender el Legislativo de nuevo si los jueces anulan la orden anterior.

La semana pasada, la Corte de Apelaciones de Escocia declaró inválida la orden de Johnson, y acusó al primer ministro de haber mentido a la reina, lo que él niega. El punto clave de la apelación en el Supremo es si el Gobierno tiene el poder absoluto de cerrar el Parlamento cuando quiera y durante el plazo que considere oportuno, o si debe hacerlo solo por un motivo claro y de forma que no perjudique las deliberaciones de los diputados, especialmente en un momento tan importante como este, con el Brexit acechando sobre el horizonte.

En opinión del Gobierno no existe ningún impedimento para la suspensión, ya que el primer ministro ejerce un poder de la monarquía que, al contrario que otros, nunca ha sido limitado por ley, y por tanto es absoluto y puede ser ejercido a voluntad. Su abogado, Richard Keen, argumentó que, aunque Johnson hubiera mentido a la reina sobre los motivos de la suspensión, "la orden ya está firmada y es irrevocable".

En su opinión, "si el Parlamento estaba en desacuerdo, podía haber aprobado una moción de censura contra Johnson en la semana que tuvo", en vez de gastarla prohibiendo el Brexit sin acuerdo. Por último, Keen advirtió que si el Supremo declarase que el cierre fue ilegal, nada impediría a Johnson volver a ordenarlo argumentando esta vez sus motivos correctamente.

Lores y primeros ministros contra Johnson

Por parte de los denunciantes, el abogado y lord David Pannick -personalmente afectado por la suspensión de la Cámara de los Lores, de la que es miembro- insistió en que la soberanía reside en el Parlamento, no en el Gobierno, y que "el socio menor no puede suspender al socio mayor sin motivo". En su opinión, permitir la aplicación de ese poder de forma ilimitada abriría la puerta a que un futuro primer ministro dictatorial cerrara el Parlamento permanentemente y gobernara sin control ni supervisión alguna. Y ante el argumento de que los diputados podrían haber echado a Johnson, lo comparó con "afirmar que, en medio de un incendio múltiple, alguien estaba de acuerdo con que se le quemara el salón porque se centró en apagar primero el fuego de la cocina".

De su lado, el ex primer ministro 'tory' John Major (1990-1997) alegó que el actual líder de su partido ha tomado la decisión por motivos ilegítimos, y advirtió de sus posibles consecuencias. Por ejemplo, cada cinco años, el Parlamento británico tiene que reautorizar la existencia de las Fuerzas Armadas. "Un primer ministro opuesto a la existencia del Ejército podría suspender el Legislativo cuando se acercara la fecha de reautorizarlo y obligar a su disolución", explicó.

La sentencia se espera para "principios de la próxima semana, lo más humanamente rápido", anunció la presidenta del Supremo, Brenda Hale. Una sentencia contra el Gobierno podría suponer que el Presidente de la Cámara de los Comunes ordenara volver a los diputados inmediatamente para retomar la agenda anterior al cierre. Las apuestas dicen que una de sus primeras prioridades puede ser aprobar una ley para prohibir el cierre arbitrario.