Boris Johnson exigirá a la UE renegociar tras descartar un retraso en el Brexit

Boris Johnson está preparado para desafiar a la pirámide institucional británica para garantizar la salida de la Unión Europea el 31 de octubre. Para ello el primer ministro empleará su primera reunión con el presidente de la Comisión Europea, esta jornada en Luxemburgo, para avisar a Jean-Claude Juncker de que no solicitará ninguna ampliación de la permanencia y recomendarle que ignore la ley aprobada por Westminster para forzarlo a retrasar el divorcio.

Pese al terremoto constitucional que su amenaza de desatender la normativa ocasionaría, Boris Johnson traslada así al continente la retórica con la que prepara el terreno para la madre de todas las confrontaciones el mes próximo. Su planteamiento a Juncker es simple. Reino Unido no va a demandar una nueva demora del Brexit, por lo que la única vía para evitar el caos de una ruptura a las bravas pasa por hallar un punto de encuentro.

Para ello, su negociador jefe, David Frost, quien se reúne cada miércoles y viernes con técnicos de la UE, tendría preparado un borrador para resolver el dilema de la salvaguarda diseñada para evitar una frontera con Irlanda, gran escollo para el consenso por atenazar la integridad del mercado común y crucialmente la paz en el Ulster. Su planteamiento recupera la idea inicial de la UE, que había sugerido que el backstop afectase exclusivamente al Ulster, en lugar de todo el territorio británico.

500 kilómetros

El objetivo es garantizar que los 500 kilómetros de linde terrestre que separarán al bloque de lo que en el futuro será, efectivamente, un estado ajeno no precisan infraestructura física para los controles. La solución, adicionalmente, respetaría las reglas del mercado único, línea roja irrenunciable para Bruselas. Está por ver si la propuesta convence al continente, pero es difícil no prever diferencias cuando Reino Unido insista en la invisibilidad de la frontera en un contexto en que Irlanda del Norte habría abandonado la unión aduanera.

En cualquier caso, en ninguna de las orillas del Canal de la Mancha prevén avances dramáticos en el encuentro de hoy, sobre todo, porque Boris Johnson prevería guardarse astutamente en la recámara cualquier potencial arreglo, hasta haber superado el congreso anual que los conservadores celebran entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre.

Su propósito es contener la ya declarada guerra civil en un partido más dividido que nunca desde su traslado al Número 10. A su favor, el premier tendría la supuesta suavización del núcleo duro eurófobo, que estaría dispuesto a taparse la nariz para apoyar cualquier pacto que traiga de Bruselas. Su improbable conversión sería el resultado de haber comprendido que la alternativa a un plan patrocinado por Johnson, el político que les había prometido Brexit a final de octubre "a vida o muerte", sería la revocación del proceso, como proponen los liberal-demócratas, una formación en auge gracias, precisamente, a su eurofilia, o la posibilidad de ver a Jeremy Corbyn en Downing Street.

Con todo, su hombre tiene que persuadir a los Veintisiete y justificar por qué tres años de búsqueda de una solución satisfactoria para ambas partes no habían logrado alumbrar un compromiso que su equipo habría identificado en apenas semanas. Parte de la respuesta reside en la disposición de la cúpula actual del Número 10 a limitar la salvaguarda al Ulster, un recurso que Theresa May había descartado por el riesgo que supone para la cohesión de Reino Unido, ya que, en la práctica, implica mover la frontera al mar de Irlanda, es decir, al estrecho que separa Irlanda de la isla de Gran Bretaña (compuesta por Inglaterra, Escocia y Gales).

Adicionalmente, la narrativa de una salida sin acuerdo se ha convertido en el otro gran protagonista del nuevo escenario, promovida por Johnson como desenlace inevitable si Bruselas no cede y empleada interesadamente como baza política de presión tanto en casa, como ante la UE. No en vano, el primer ministro está obligado a poseer un Brexit apadrinado por él y, dado el dominio eurófilo en Westminster, se ha embarcado en una ofensiva para contraponer su voluntad de materializar el mandato democrático expresado en el referéndum frente a la obstrucción de un sistema en el que el poder legislativo y el judicial son cómplices.

La vista que este martes arranca en el Tribunal Supremo para determinar si la suspensión que ordenó del Parlamento fue "ilegal" –como concluyó la pasada semana la corte más alta de Escocia– forma parte de esta dialéctica auspiciada desde el Número 10, donde estarían dispuestos a desafiar desde a la judicatura, hasta la propia ley, para asegurar el mantenimiento de una promesa hecha "a vida o muerte".