Mazón retoma la concesión de la CV-95 Orihuela-Torrevieja tras el fiasco de 9,5 millones

El Gobierno valenciano de Carlos Mazón vuelve a retomar una infraestructura que se lleva décadas anunciando en el sur de la provincia de Alicante: el desdoblamiento como autovía de la CV-95 que une Torrevieja y Orihuela. Eso sí, lo vuelve a hacer recurriendo a la fórmula de la colaboración público-privada después del sonado y costoso fracaso que supuso el anterior intento del Gobierno autonómico, entonces también en manos del PP, que llegó a adjudicar un peaje en sombra cuyas obras nunca llegaron a arrancar.

De hecho, la idea de recurrir a una concesión también fue defendida por el anterior Gobierno de izquierdas del Botànic y ahora el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha presentado ante los alcaldes de la Vega Baja la hoja de ruta para el desarrollo del desdoblamiento de la CV-95 entre Orihuela y Torrevieja. Una actuación que aseguró que será fruto de un modelo de colaboración público-privada y para la que prevé que se destine una inversión de 180 millones de euros.

La actuación es una reivindicación del sur de Alicante del siglo pasado, ya que esa zona de la Costa Blanca sufre un aumento exponencial de población en época estival. Se estima que pasa de 370.000 habitantes en invierno a más de 1,2 millones en verano por la afluencia de turistas y de personas con segundas residencias.

El conseller reconoció que la tramitación será larga, aunque el compromiso del Consell es tener acabado el proyecto antes de que finalice la legislatura, además de que esté aprobada la Declaración de Impacto Ambiental y que la licitación de la concesión esté en marcha.

Concesión fallida hace casi 20 años

Lo cierto es que los antecedentes de la anterior concesión en la época del popular Francisco Camps en el Gobierno autonómico no son los mejores auspicios. El desdoblamiento proyectado se aprobó en 2007 bajo la fórmula de peaje en sombra, es decir, que la concesionaria asumiría la inversión en la construcción y mantenimiento, y recibiría un canon anual durante un periodo de años en función del tráfico.

Un modelo que se aplica en la CV-35 en Valencia (la conocida como pista de Ademuz). Con esa fórmula de la concesión, el Gobierno autonómico entonces y ahora se evita tener que incluir la inversión de la obra en sus presupuestos autonómicos de una tacada en pocos años y, en su lugar, lo amortizará durante décadas como gasto.

Un año después se adjudicó a un consorcio formado por la florinata de las constructoras autonómicas de obra pública de entonces: Rover Alcisa, Torrescámara, Lubasa (hoy Becsa) y Cyes. El contrato se valoraba en más de 400 millones de euros, por el dinero que debían percibir durante los años previstos de concesión y explotación.

Sin embargo, el proyecto de obra pública se encontró con problemas administrativos por la falta de licencias y autorizaciones, a lo que se sumó el alto coste de las expropiaciones y la crisis económica que afectó tanto a las constructoras que no lograron financiación como a la propia Generalitat Valenciana.

En 2012 ante el bloqueo y la imposibilidad de ejecutarse, el Consell aprobó rescindir el contrato sin hacer apenas ruido. El fiasco acabó en los tribunales tras un recurso de las empresas. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana obligó a la Administración a pagar 9,5 millones de euros de indemnización a la unión formada por las constructoras como indemnización por esa decisión, pese a que nunca se llegaron a iniciar las actuaciones.

La Administración autonómica también había adjudicado bajo esta fórmula duplicar parte de la CV-50 (la segunda circunvalación de Valencia), entre Benaguasil y la A-3 en Cheste. En ese caso se encargó a Dragados, Iridium y la desaparecida Sedesa, que nunca llevaron tampoco a cabo una obra que no se llegó a rescindir hasta 2017, cuando se llegó a un mutua acuerdo por el que el Consell pagó 2,6 millones de euros.

El trazado

Según explicó Martínez Mus, la propuesta de la Generalitat básicamente insiste en el desdoblamiento de la CV-95, que pasará de un carril a dos por sentido, así como la construcción de variantes para sacar el tráfico de los cascos urbanos de los municipios por donde discurre la vía: Orihuela, Bigastro, Jacarilla y San Miguel de Salinas.

La carretera autonómica tiene 26,5 kilómetros de longitud. Se trata de una vía convencional con un carril de circulación por sentido, que atraviesa o bordea numerosas localidades. Esto agrava los problemas de capacidad y seguridad vial, en especial en el entono del casco urbano de Orihuela y en Torrevieja, donde la CV-95 es una calle más de una urbanización.