El Tribunal de Cuentas lleva cuatro años alertando de falta de mantenimiento en las Confederaciones Hidrográficas

El Tribunal de Cuentas lleva alertando desde 2020 en sucesivos informes de falta de vigilancia y mantenimiento en las instalaciones de varias Confederaciones Hidrográficas, especialmente en la del Júcar, que es la encargada de la gestión de los recursos hídricos en la provincia de Valencia y gran parte de las zonas afectadas por la DANA.

En octubre de 2020, en concreto, el Tribunal advirtió de problemas en las Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir, del Segura y del Júcar, así como en la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, al menos entre los años 2008 y 2017. "Habida cuenta de que, en algunos de los expedientes examinados, las necesidades emergentes se produjeron en instalaciones que no habían sido convenientemente inspeccionadas o mantenidas a lo largo de su vida útil, se recomienda implementar programas que garanticen el control y vigilancia periódicas de todas las instalaciones de su competencia, a fin de permitir el permanente y adecuado mantenimiento de las mismas", aseguraba ya entonces el organismo fiscalizador.

En un nuevo informe aprobado hora y publicado la semana pasada, el Tribunal de Cuentas explica que, aunque no se ha realizado un seguimiento específico del cumplimiento de esta recomendación, se han vuelto a apreciar "algunas circunstancias de la misma naturaleza que las mencionadas" hace cuatro años y que la situación, por lo tanto, vuelve a repetirse. La fiscalización se ha centrado ahora en la contratación llevada a cabo por la Dirección General del Agua, un organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, así como de las Confederaciones Hidrográficas y de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla durante los ejercicios 2020 y 2021, iniciando las actuaciones un año después.

En total, se han seleccionado 111 expedientes de contratación, el 38% del total, por un importe de adjudicación, excluido el IVA, de 430,7 millones. Y en sus conclusiones el Tribunal se muestra tajante: "ninguna de las entidades fiscalizadas disponía de un plan anual o plurianual de contratación para los ejercicios 2020 y 2021, contraviniendo lo establecido por el artículo 28.4 de la Ley de Contratación del Sector Público (LCSP)".

Falta de planificación

Aunque el informe reconoce que algunas de las Confederaciones contaban con otros instrumentos de planificación, reclama ante todo ello a las entidades implicadas que "con objeto de contribuir a la racionalización del gasto público, a la más eficiente toma de decisiones y al cumplimiento del principio de transparencia, realicen un análisis previo de las necesidades que se precisan satisfacer".

Pero es que, además, "en el 26 % de los expedientes no se justificó adecuadamente la necesidad de contratación" y en hasta un 40 % de los mismos la justificación de la no división en lotes resultó excesivamente genérica. En el 13 % de los contratos analizados no consta tampoco la acreditación de la solvencia de la empresa adjudicataria y se han detectado igualmente "significativas diferencias entre los presupuestos base de licitación y los precios de adjudicación", de hasta el 36% de media por debajo en el primer caso, con lo que, según el Tribunal, las estimaciones de "los presupuestos de licitación son poco fiables". En diez expedientes hubo, por último, retrasos en el pago del precio del contrato, y en otros nueve, como prueba de la falta de control, el cumplimiento del plazo no ha podido ser comprobado por falta de documentación.