Hacienda bloquea casi 4.000 millones en concesiones de infraestructuras

La Oficina Nacional de Evaluación (ONE), organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, ha bloqueado proyectos de concesiones de infraestructuras y de servicios de transporte por un importe cercano a los 883 millones de euros en el presente ejercicio. Una cifra que se suma a los más de 3.000 millones de euros que ya rechazó en 2022, cuando el organismo comenzó a funcionar.

De este modo, en apenas un año y medio la ONE ha emitido informes desfavorables a proyectos por cerca de 4.000 millones. Detrás de esta obstrucción se encuentra la Ley de Desindexación de la economía española aprobada en 2015, que limita los plazos de recuperación de las inversiones y acota la tasa de descuento a 200 puntos básicos más el interés de los bonos del Tesoro a 10 años.

La licitación de concesiones de infraestructuras en España mejoró en 2022 un 23% con respecto a 2021, hasta alcanzar los 598 millones

La licitación de concesiones de infraestructuras en España mejoró en 2022 un 23% con respecto a 2021, hasta alcanzar los 598 millones de euros. Un volumen, que no obstante, está muy alejado de épocas no tan remotas. Como muestra, este importe supone la vigésima parte que los 12.658 millones que se licitaron en 2010. De los 598 millones, el Estado no sacó ni un solo concurso bajo fórmulas de concesión. El grueso del volumen licitado correspondió a las Administraciones Locales, con 383 millones. Mientras, las Comunidades Autónomas limitaron el importe a 15 millones.

Desde la aprobación de la Ley de Desindexación en 2015 y hasta 2022 el volumen de contratos licitados en España bajo un modelo de concesión ascendió a 3.559 millones de euros. De este modo, en siete años apenas se alcanza la tercera parte de lo que se licitó en 2010 -en un solo año-. Frente a lo que ocurre en las principales economías del mundo y una gran parte de los países en desarrollo, la colaboración público-privada para el desarrollo de infraestructuras en España se revela residual.

En 2015 se creó la ONE, cuya responsabilidad es analizar la sostenibilidad financiera de las concesiones de obras y servicios del Estado, corporaciones locales y comunidades autónomas con el fin de mejorar la calidad de las inversiones que realizan las Administraciones Públicas. Se trata de un órgano colegiado integrado en la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), entidad adscrita al Ministerio de Hacienda. Desde el departamento que dirige María Jesús Montero precisan que la ONE es un organismo independiente y recuerdan que en su pleno, además de representantes del Ministerio, hay miembros de las Comunidades Autónomas y de la Federación de Entidades Locales, aunque con carácter no permanente.   

Sin embargo, hasta 2021 -seis años- la ONE se mantuvo prácticamente paralizada por falta de recursos. Así, la falta del informe preceptivo de este órgano propiciaba que en 2021 hubiera retenidos numerosos proyectos cuyo importe se aproximaba a los 1.000 millones. El informe de la ONE no es vinculante, pero su ausencia o su resolución desfavorable aviva los riesgos al poder ser impugnados los contratos.

En 2022, ya en pleno funcionamiento, la ONE emitió únicamente un informe favorable en ocho de los 25 expedientes de concesiones recibidos -24 de servicios y 22 de ayuntamientos y diputaciones-. Según el análisis de Seopan, el organismo autorizó así contratos por 321 millones de euros (el 9,7% del total) y rechazó 17 proyectos valorados en 3.001 millones (el 90,3%). Entre ellos figura un contrato de saneamiento urbano en Madrid e infraestructuras sociales, deportivas y docentes. En ocho de los expedientes, que suman un valor de 2.778 millones, el motivo para el informe desafavorable responde a la no justificación del plazo de concesión y en nueve, por 222 millones, a la transferencia inadecuada del riesgo operacional.

Cambio de proporción

En el presente ejercicio, la ONE ha evacuado 11 expedientes, si bien dos de ellos atañen a la solicitud de reequilibrio económico de sendas concesiones (Casa Elizalde de Barcelona y escuelas infantiles del Ayuntamiento de L'Hospitalet). De los nueve restantes relativos a contratos en régimen de concesión, cuyo valor estimado alcanza los 1.385,8 millones de euros, el organismo que preside María Luisa Araújo ha fallado favorablemente en seis y ha expuesto objeciones en tres, con lo que la proporción del número de contratos de concesión que rechaza ha virado con respecto a 2022.

De cualquier modo, los tres casos con conclusiones adversas suman un valor estimado de 883 millones, lo que representa el 63,7% del total. De hecho, entre ellos figuran los dos de mayor cuantía. Se trata, por un lado, del contrato de concesión para la prestación de los servicios de transporte público interurbano regular de viajeros de uso general por carretera de las comarcas del Bajo Bidasoa, Oarsoaldea y sus conexiones con San Sebastián, promovido por la Diputación Foral de Guipúzcoa y cuya valoración alcanza los 358,9 millones. La ONE está en desacuerdo con las condiciones de este proyecto al observar que no está justificada la inclusión de una prórroga adicional a los 10 años de plazo fijados y, además, que no existe transferencia de riesgo operacional suficiente para poder considerar que la naturaleza jurídica de esta licitación es la correspondiente a un contrato de concesión. Este último argumento utiliza también para rechazar la concesión del servicio de transporte urbano de viajeros permanente y temporal en el ámbito de la comarca de Pamplona-Iruñerrico, impulsada por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y valorada en 520,5 millones de euros. El tercer proyecto, de 3,6 millones, con informe desfavorable, también por riesgo operacional insuficiente, corresponde a la concesión de los servicios de restauración de dos cafeteríascomedores colectivos de Renfe en Madrid.

La ONE ha examinado 34 proyectos de concesión por 4.707,8 millones, con informe favorable en 14 (el 41,2%), pero por un importe de solo 824 millones (el 17,5%)

La ONE ha aprobado, por el contrario, varias concesiones de cafeterías del Banco de España, de transporte interurbano de Ibiza, de servicios deportivos en San Sebastián de los Reyes o de transporte urbano en Santiago de Compostela. Los seis proyectos suman 502,8 millones.

Por tanto, en el último año y medio, la ONE ha examinado 34 proyectos de concesión por 4.707,8 millones, con informe favorable en 14 (el 41,2%), pero por un importe de únicamente 824 millones (el 17,5%). Por el contrario, han recibido informe favorable 20 contratos (el 58,8%) por 3.384 millones (el 82,5%).

Aragón y Madrid

Fuera de la supervisión de la ONE han quedado algunos de los proyectos de concesión más importantes, por importe, que han salido a la luz en los últimos dos años. Es el caso del Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras de Aragón, cuya licitación se publicó a comienzos de este año. Con un valor de más de 2.000 millones, en su caso ha salido adelante con el informe favorable de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), puesto que cuando se inició el proceso la ONE aún no estaba activa, según explican fuentes del mercado. El Gobierno de Javier Lambán recibió las ofertas el pasado mes de mayo. Ahora el nuevo Ejecutivo que, si no hay imprevisto, formará el líder del PP en la región, Jorge Azcón, será el encargado de abrir las ofertas económicas el próximo mes de octubre. De acuerdo con fuentes conocedoras, el proyecto no corre peligro con el cambio de gobierno. 

El otro gran proyecto concesional que salió a concurso es la Ciudad de la Justicia de Madrid, también con un valor superior a los 2.000 millones. Tras alargarse los plazos por falta de ofertas, ACS y Acciona presentaron una propuesta pero con unas condiciones que no encajaban en los pliegos de contratación, por lo que la Comunidad de Madrid ha tenido que cancelar el proceso. En el caso de la región madrileña cuenta con su propio comité para evaluar concesiones.