El chalé de más de 1.000 metros cuadrados que la familia de Xabi Alonso ha construido en Igeldo, una de las zonas más exclusivas de San Sebastián, sigue generando polémica y problemas judiciales. A la causa ya abierta por la supuesta ilegalidad de la construcción, se suma ahora una denuncia presentada ante la Fiscalía de Gipuzkoa por dos colectivos ecologistas y una asociación vecinal, que acusan al Ayuntamiento donostiarra y a la sociedad promotora del inmueble de delitos urbanísticos y apropiación indebida de bienes públicos.
La vivienda, valorada en 2 millones de euros, y equipada con piscina y un sótano de 500 metros cuadrados, fue declarada "obra ilegal" por un juzgado de San Sebastián en un fallo que, por el momento, no es firme. Tanto el Ayuntamiento como la empresa Tavaro XXI, propietaria del chalé y administrada por Nagore Aranburu —esposa de Xabi Alonso—, han presentado apelaciones ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Mientras se resuelve el recurso, el conflicto continúa escalando. El pasado 14 de junio, los colectivos Ekologistak Martxan y Haritzalde interpusieron una denuncia ante la Fiscalía contra el consistorio y la empresa Tavaro XXI. Los denunciantes sostienen que el Ayuntamiento permitió el uso de un camino de 300 metros que pertenece al dominio municipal para facilitar el acceso a la finca, a pesar de que la parcela no contaba con un acceso propio habilitado.
Según los ecologistas, el camino en cuestión, que conecta un depósito de aguas en Txalin con el viario público, fue cedido temporalmente a Tavaro XXI mediante una autorización especial firmada por el concejal de Mantenimiento Urbano, Carlos García Hernández (PSE-EE). Esa autorización, aseguran, expiró a finales de marzo de este año, pero pese a ello el camino continúa siendo utilizado como acceso privado al chalé.
Los colectivos acusan al Ayuntamiento de prevaricación por haber permitido un uso del terreno
En su denuncia, los colectivos acusan al Ayuntamiento de prevaricación por haber permitido un uso del terreno que contradice la normativa urbanística vigente. Según argumentan, la corporación municipal autorizó la reconstrucción de un caserío expropiado del barrio de Martutene en una parcela de Igeldo, a ocho kilómetros de distancia, para convertirlo en una vivienda de lujo. Además, se permitió construir un edificio moderno con sótano, pese a que la normativa local solo admite construcciones tradicionales con cubiertas inclinadas de dos, tres o cuatro aguas en ese entorno rural protegido. Los denunciantes califican la actuación municipal como una "legalización a medida" de un proyecto inmobiliario privado, en un terreno destinado a otros usos y protegido por la legislación urbanística. Según el escrito presentado ante la Fiscalía, se trataría de un comportamiento que vulnera los principios de equidad y transparencia que deberían regir la gestión pública.
La sociedad Tavaro XXI, por su parte, solicitó en mayo de este año un cambio en la calificación del camino municipal utilizado como acceso al chalé. La propuesta consiste en convertirlo en un camino abierto al público, pero con el objetivo de legalizar de facto el acceso privado a la finca. Para los grupos ecologistas, esta petición es un nuevo intento de consolidar una situación irregular, en un proceso que describen como un "cambio de reglas a posteriori" que beneficia únicamente al promotor. Según la denuncia, este sería el tercer episodio en el que el Ayuntamiento de San Sebastián modifica o flexibiliza las normativas urbanísticas para favorecer la legalización de la obra construida por la familia del actual entrenador del Real Madrid. Los ecologistas aseguran que existe una connivencia entre la administración municipal y los promotores privados, lo que en su opinión pone en entredicho la defensa del interés general.