Nuevas informaciones: el dueño del helicóptero en el que se mataron los Escobar-Camprubí es un 'usurero criminal'

La familia Camprubí Escobar buscaba disfrutar de unas vacaciones inolvidables. En su lugar, encontraron la muerte a bordo de una aeronave que nunca debió haber volado, bajo la responsabilidad de una compañía con un pasado que ahora resulta inconcebible.

Cinco días después del trágico accidente aéreo que costó la vida a Mercè Camprubí, su esposo Agustín Escobar y sus tres hijos, nuevas informaciones arrojan dudas alarmantes sobre la seguridad de la empresa operadora del vuelo y, en particular, sobre el oscuro historial de su propietario, Michael Roth.

Los primeros indicios apuntaban a posibles motivos técnicos como causa del siniestro, pero conforme avanzan las investigaciones, el foco se amplía hacia la fiabilidad de la compañía turística aérea responsable del helicóptero siniestrado. La aparición del rotor principal de la aeronave en la zona del accidente ha revelado un dato inquietante: esta misma pieza había presentado problemas mecánicos graves apenas seis meses antes. Entonces, se encontraron fragmentos de metal en el aceite de la transmisión, señal inequívoca de un desgaste crítico de los componentes, lo que ya había levantado alertas en los sistemas de mantenimiento.

La aeronave siniestrada, un modelo poco común 6L4, no fue retirada de servicio pese a estos antecedentes. El helicóptero, en el que viajaba la familia Escobar Camprubí, sigue siendo el centro de la investigación técnica, pero las miradas se dirigen también hacia la precaria situación financiera y operativa de la empresa turística que lo gestionaba.

El nombre de Michael Roth, dueño de la compañía operadora, se asocia a un largo historial de conflictos, impagos y disputas legales. Fuentes cercanas al sector lo describen como un empresario problemático, conocido por retrasar sistemáticamente los pagos y por su tendencia a recurrir a demandas judiciales para resolver cualquier controversia. En uno de los expedientes judiciales más recientes, llegó a ser calificado como un "usurero criminal". Sus enfrentamientos con socios, empleados e incluso autoridades regulatorias han sido constantes durante los últimos años.

En 2013, la empresa estuvo al borde del colapso. Dos años después, presentó una solicitud formal de quiebra, reduciendo su plantilla de 30 a tan solo 13 empleados. A pesar de ello, la compañía continuó operando vuelos turísticos, incluyendo con aparatos considerablemente antiguos, como el que se estrelló con la familia Camprubí a bordo.

Según testigos y trabajadores del sector, Roth llevaba años bordeando los límites de la legalidad y operando con márgenes de seguridad mínimos, en un intento por mantener viva su empresa a toda costa. La situación era tan crítica que incluso empleados anteriores habían advertido de riesgos operativos inaceptables.

Este trágico suceso ha destapado una serie de irregularidades que las autoridades ahora investigan con lupa. El historial del empresario y las decisiones cuestionables en la gestión del mantenimiento de las aeronaves han avivado el debate sobre el control regulador en la aviación turística, especialmente en zonas donde las inspecciones son menos frecuentes o menos estrictas.