El sol no ha salido y toda España se pregunta cuándo acaban estas lluvias. No obstante, Naty Abascal sí ha vivido este miércoles, 19 de marzo, un amanecer diferente. Todo porque su hijo Luis Medina ha sido absuelto de estafar al Ayuntamiento de Madrid con las macarillas. Ya contamos que el hijo del duque de Feria había contratado al mismo abogado de Corinna para librar esta batalla con la justicia, una batalla por la que su socio, Alberto Luceño, sí ha sido condenado por delito fiscal.
El hermano de Rafa Medina contó con los servicios legales del penalista José Antonio Choclán, un abogado famoso por haber defendido contra Hacienda a personajes tan conocidos como Imanol Arias, Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Cristina Cifuentes en el caso de su máster, los Pujol y Víctor Aldama, otro turbio comisionista de la trama Koldo en su enfrentamiento con Pedro Sánchez. Choclán consiguió apartar al juez Baltasar Garzón de su carrera como magistrado al denunciar las escuchas a los acusados.
Pero además de haber defendido a la difunta alcaldesa de Valencia Rita Barberá, a Francisco Correa y a David Marjaliza, condenados por los sonados episodios de corrupción del Partido Popular que conforman el caso Gürtel, Choclán ha tenido como clienta a Corinna Larsen en su batalla judicial contra el rey Juan Carlos. Sin embargo, la amante del rey emérito no ha tenido suerte hasta el momento en los pleitos que la enfrentaron al anterior jefe del Estado, especialmente aquellos que emprendió ante la Justicia británica.
La sentencia que hace sonreír a Naty Abascal
Tal y como hemos recogido, la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a Luis Medina y a Alberto Luceño del delito de estafa agravada en la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid durante la pandemia. Según la sentencia, no se ha podido probar que ambos empresarios engañaran a los funcionarios responsables de la adjudicación de los contratos.
Sin embargo, la resolución judicial sí condena a Alberto Luceño por delito fiscal, al no haber declarado a Hacienda los millonarios ingresos que obtuvo con la operación.
El caso, que se convirtió en un símbolo de la gestión irregular de contratos públicos durante la crisis sanitaria, ha concluido con una sentencia que no considera acreditado el engaño al Consistorio madrileño.
La Fiscalía Anticorrupción solicitaba 15 años de prisión para Luceño y nueve para Medina, al considerar que ambos empresarios inflaron los precios de los productos sanitarios para obtener comisiones desproporcionadas sin que el Ayuntamiento tuviera conocimiento de ello.
Sin embargo, los magistrados han concluido que los funcionarios del Ayuntamiento sí conocían el precio de fábrica de las mascarillas, guantes y test adquiridos a la empresa malaya Leno, y que aceptaron voluntariamente los términos del contrato. De este modo, la Audiencia considera que no existió un engaño suficiente para configurar el delito de estafa.
