La hija mayor de Amancio Ortega se lleva un disgustillo de más de un millón de euros

Novedades judiciales en el largo litigio entre Sandra Ortega, la mujer más rica de España con una fortuna estimada en 7.100 millones de euros según Forbes, y José Leyte, el que fuera asesor de su fortuna, a causa del despido de este último. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha fallado ahora a favor de Leyte y ha revocado un dictamen que anteriormente daba la razón a la hija de Amancio Ortega.

Después de que en enero de 2022 el juzgado de lo Social número 1 de A Coruña fallara a favor de la empresaria, el órgano superior ha tumbado el recurso de Ortega y ha fijado para Leyte una indemnización de 1,16 millones de euros, tal y como reclamó el empresario como finiquito por "su relación laboral especial desistida". Lo publica El País este miércoles tras tener acceso a la sentencia, que salió el pasado 3 de mayo.

El empresario ejercía de representante de las firmas Rosp Corunna Participaciones Empresariales y Rosp Corunna en las juntas generales de accionistas de Inditex, Pharma Mar o Zeltia, entre otras. También ostentaba el cargo de director de Rosp Corunna, el family office de Sandra Ortega.

A la cantidad fijada en la indemnización mencionada arriba también se suman las cantidades correspondientes a los siete días de vacaciones no disfrutados en ambas sociedades: 10.739,75 euros por Rosp Corunna y 16.493,12 por Rosp Corunna Participaciones Empresariales SL.

La confianza de Ortega en Leyte se rompió hace al alrededor de cuatro años, cuando el gestor fue despedido. Y se abrieron dos procesos judiciales: el mencionado en este artículo y otro en el que la hermana de Marta Ortega acusó al que fuera su número dos de la apropiación de tres millones de euros de Rosp Corunna, entre 2015 y 2019, mediante el cobro de bonus y nóminas.

En marzo de este año, la Audiencia de A Coruña archivó definitivamente esta causa a través del Juzgado de Instrucción número 8. En cuanto al litigio de la indemnización todavía no es definitivo, pues la sentencia estableció la posibilidad de recurso de casación para unificación de doctrina. El plazo interpuesto, tras la notificación de la sentencia del 3 de mayo, era de 10 días hábiles.