A más de siete mil kilómetros y por videollamada. Así ha declarado Shakira este jueves en la segunda causa abierta contra la Hacienda española. Acusada por un presunto delito fiscal en el ejercicio 2018, la ex de Gerard Piqué ha negado que se sirviera de un "entramado societario" en paraísos fiscales "movida por su deseo de no tributar por la totalidad de sus rentas", tal y como mantiene la Fiscalía, que cifra el supuesto fraude en seis millones de euros.
Se trata de la segunda causa de Shakira contra el Ministerio Fiscal. La primera se resolvió el pasado mes de noviembre, cuando la intérprete de Waka-Waka admitió haber defraudado 14,5 millones de euros durante los ejercicios 2012 y 2014 y accedió a pagar una multa de 7,3 millones de euros. A pesar de su declaración, envió un contundente comunicado a través de las redes sociales en el que arremetía contra la Fiscalía, reiterando su inocencia y justificando el pacto "en base a razones personales, emocionales y sentimentales que nada tienen que ver con lo jurídico". Añadía, además, que sus hijos se lo "habían pedido".
Solo cuatro meses después de cerrar el acuerdo, Shakira vuelve a sentarse en el banquillo de los acusados por el mismo motivo: un presunto fraude fiscal. Esta vez, en 2018. Según la Fiscalía, la cantante "canalizó los movimientos de capital" generados por su trabajo a través de una sociedad de Malta y de varias sociedades en las Islas Vírgenes Británicas en lugar de hacerlo en España, donde residía. Ni declaró el IRPF que le tocaba (26,7 millones de base imponible) ni el Impuesto de Patrimonio (773.600 euros), 'ahorrándose' unos 5,3 millones que debían haber ido a parar a las arcas del Estado. Aseguran, además, que dedujo de sus sociedades gastos que pertenecían al ámbito personal, como viajes particulares en jet privado (150.483 euros) y billetes de avión para sus dos hijos y su educadora. Según El País, la defensa de la artista ha hablado de "presiones" y ha solicitado el archivo del caso.
El pasado mes de agosto, la de Barranquilla aportó en el juzgado la cantidad supuestamente defraudada en concepto de reparación del daño, un gesto que le permite beneficiarse de una condena menor (en caso de que sea condenada) o incluso pactar con la Fiscalía, como sucedió en la primera ocasión.
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