El anuncio del presidente del Gobierno de conmemorar en 2025 los 50 años de la muerte de Francisco Franco dentro de un ciclo de actividades titulado España en libertad ha desatado un debate político y social que no deja de polarizar opiniones. Más allá de la controversia que ya genera por sí sola la propuesta, la invitación cursada al Rey Felipe VI para participar en el acto inaugural, programado para el 8 de enero en el Museo Reina Sofía, ha añadido una dimensión institucional y simbólica a la discusión.
El objetivo declarado del Gobierno es conmemorar medio siglo de democracia en España, subrayando la transformación del país desde la muerte del dictador y rindiendo homenaje a quienes hicieron posible esa transición hacia la libertad. Según Moncloa, esta primera actividad pretende inaugurar un ciclo de cien actos que se extenderán a lo largo del año. Sin embargo, la elección de esa fecha y el simbolismo inherente a celebrar el aniversario de la muerte de Franco no han pasado desapercibidos. Tampoco el hecho de que la invitación haya sido dirigida a la Corona, un actor crucial en la restauración de la democracia pero también en el período final del franquismo.
La Casa Real no confirma si el Rey asistirá al evento y la agenda semanal de la familia real no se publica hasta el viernes previo a las actividades. Por ahora, en Zarzuela existe un compromiso con otros actos oficiales ese mismo día, incluyendo la recepción de cartas credenciales de varios embajadores, un protocolo diplomático inaplazable.
¿Un acto de reconciliación histórica?
Para algunos, la invitación al Rey simboliza un gesto de reconciliación histórica. El acto inaugural podría entenderse como una oportunidad para que la institución monárquica, en su calidad de heredera de los valores democráticos, reafirme su compromiso con la memoria, la libertad y el progreso. El propio Felipe VI ha mostrado en diversas ocasiones su sensibilidad hacia los valores democráticos y el reconocimiento del pasado. Durante su reciente discurso en el Parlamento italiano, el Rey destacó la importancia de "no repetir los errores del pasado" y abogó por la defensa de los derechos humanos, la igualdad y el Estado de derecho, valores que la democracia española ha consolidado en estos cincuenta años. De esta manera, su participación podría ser leída como un respaldo institucional a la evolución democrática del país, destacando la conexión entre los valores de la Transición y los logros democráticos actuales.
¿Una trampa política?
Desde otros sectores, especialmente entre las filas del Partido Popular y algunos analistas conservadores, la invitación se interpreta como una maniobra política de Pedro Sánchez para situar al Rey en una posición incómoda. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado los actos como un intento de Sánchez de "vivir del pasado" y "dividir a los españoles". En este marco, la presencia del Rey podría ser instrumentalizada para legitimar una narrativa que algunos consideran sesgada, centrada en la figura de Franco en lugar de la construcción de la democracia y la Constitución de 1978. Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, fue más contundente, calificando la iniciativa de "provocación" y acusando al Gobierno de "enloquecer". Según Ayuso, celebrar los 50 años de la muerte de Franco equivale a avivar tensiones históricas que España debería haber superado.
Otros ven en esta invitación una oportunidad para que Felipe VI refuerce la neutralidad y centralidad de la Corona en la vida institucional del país. Si bien el acto inaugural pone el foco en Franco, el ciclo España en libertad se proyecta como una celebración de la democracia, un terreno donde la Monarquía parlamentaria tiene un protagonismo indiscutible. La asistencia del Rey podría interpretarse como un acto de reafirmación de la unidad de España y del papel estabilizador de la institución monárquica. No obstante, este argumento también encuentra detractores, que señalan que cualquier presencia en un acto marcado por la memoria del dictador podría ser malinterpretada y utilizada con fines políticos.
El dilema de Zarzuela
La Casa Real se encuentra en una encrucijada compleja. Por un lado, su neutralidad política le exige prudencia en cuanto a las actividades conmemorativas, especialmente en contextos que puedan generar controversia. Por otro, el simbolismo del evento inaugural trasciende las disputas partidistas, ya que implica un reconocimiento de medio siglo de democracia en el que la Monarquía desempeñó un papel esencial. Además, la agenda del Rey ya incluye compromisos inaplazables el 8 de enero, como la recepción de cartas credenciales de nuevos embajadores. Este acto, cargado de formalidad y tradición, es indispensable para que los diplomáticos puedan ejercer plenamente sus funciones. Algunos analistas consideran que estos compromisos podrían haber sido reorganizados, pero lo cierto es que posponer la entrega de credenciales tendría consecuencias en otros eventos diplomáticos, como la recepción anual al cuerpo diplomático, programada para el 9 de enero.
La decisión de Pedro Sánchez de centrar el inicio de las celebraciones en el aniversario de la muerte de Franco ha generado un intenso debate sobre el enfoque del Gobierno hacia la memoria histórica. Para algunos, el énfasis debería ponerse en la Constitución de 1978 y en la Transición como hitos fundamentales de la democracia española. Sin embargo, Moncloa ha defendido que la muerte del dictador marcó el fin de una etapa de represión y el inicio de un proceso que culminó en la democracia. Según esta visión, el 20 de noviembre de 1975, cuando Franco murió, no es tanto una fecha para conmemorar al dictador, sino para reflexionar sobre el camino recorrido desde entonces.
El año de la memoria
El 2025 será un año clave para la memoria histórica en España. Además de los actos promovidos por el Gobierno, otras instituciones y colectivos sociales podrían aprovechar la ocasión para reivindicar diferentes narrativas sobre los últimos cincuenta años. El reto, tanto para el Ejecutivo como para el resto de actores implicados, será evitar que las celebraciones se conviertan en un campo de batalla político. En este contexto, la decisión del Rey sobre si asistir o no al acto inaugural podría convertirse en un símbolo de equilibrio institucional o, por el contrario, en un nuevo foco de polémica. Al final, lo que está en juego no es solo la interpretación de un acto conmemorativo, sino la manera en que España aborda su propia historia y construye su identidad democrática.
