Duro Felguera plantea una quita del 98% e intenta que el juez alargue el preconcurso

Duro Felguera apura los últimos días del plazo legal del preconcurso de acreedores, que vence el próximo 12 de junio –tras admitirse como inhábil el día del apagón en España–, sin una solución formal que evite su entrada en concurso. La compañía, asesorada por la firma de servicios profesionales Argoss Partners, ha trasladado por ahora un plan en el que propone a la banca y a los proveedores comerciales una quita del 98% de la deuda, al tiempo que promueve varias desinversiones exprés como las de El Tallerón o varios contratos de servicios, según indican fuentes financieras. En paralelo, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) se niega a capitalizar el grueso del préstamo de 120 millones de euros que concedió a la ingeniería asturiana en el marco de la pandemia y continúa, a través de FTI Consulting, buscando un socio que insufle liquidez a la compañía, sin éxito hasta el momento.

La dirección del grupo está tratando a su vez que el juez que instruye el preconcurso desde el Juzgado Mercantil Número 3 de Gijón prolongue de nuevo el plazo (se abrió el 11 de diciembre y se prorrogó el 11 de marzo por tres meses más), pero el magistrado se muestra muy reticente ante la falta de avances en una propuesta que evite la quiebra de la que es la cotizada española más veterana del parqué, con 120 años.

De acuerdo con fuentes conocedoras, Duro Felguera urge una inyección de entre 35 y 40 millones de euros para poder esquivar el concurso. Tanto la Sepi como los principales accionistas, los mexicanos Prodi y Mota-Engil México, eluden mayores sacrificios tras aportar, respectivamente, 120 millones, en forma de créditos, y 90 millones, a través de una ampliación de capital. Tampoco la búsqueda de un nuevo inversor ha llegado a buen puerto y apenas ha atraído el interés de fondos de deuda con exigencias leoninas. A ello se suma el hartazgo de los bancos y proveedores con la compañía tras plantearles una quita del 98%, lo que complica la concesión futura de avales y la prestación de servicios. Todo ello conforma un cóctel explosivo que aleja cada vez más la supervivencia de una de las enseñas históricas de la industria de Asturias.

La quita propuesta afecta a futuro a los avales vivos que tiene la ingeniería que preside Eduardo Espinosa con bancos y aseguradoras, sobre todo, por un importe de alrededor de 270 millones de euros –una vez se ejecuten ya no serían reclamables–. Además, la deuda con las entidades financieras asciende a 14 millones de euros y la deuda comercial se aproxima a entre 45 y 50 millones. Fuera de la quita quedaría, al tratarse de un ente público, el préstamo de la Sepi de 120 millones (100 millones de participativo y 20 de ordinario, con los primeros grandes vencimientos a partir de 2027), cuyos intereses se acercan al doble dígito anual. La sociedad que preside Belén Gualda en todo caso, no acepta ni capitalizar la financiación ni tampoco condonar una parte.

La incógnita ahora es, por tanto, cómo conseguirá los 40 millones que la compañía estima necesarios de manera urgente para poder mantener su operativa. El grupo ha sondeado al juzgado para intentar obtener un plazo adicional, si bien la realidad es que tras casi seis meses "no ha habido ningún movimiento relevante que invite al optimismo", advierten desde una de las partes implicadas en las negociaciones.

La empresa asturiana anunció la apertura de comunicaciones con sus acreedores, como así se conoce formalmente a este nuevo recurso, a finales de 2024 y desde entonces ha tratado de negociar con sus acreedores sin que se haya llegado a un acuerdo entre estos y sus accionistas. Una de las opciones es que la fecha límite mencionada se extienda más allá de este mes, incluso con un margen extra hasta septiembre, teniendo en cuenta que la Nueva Ley Concursal ha llenado de grises en algunos procesos y se ha autorizado más de una prórroga. Duro Felguera y la Sepi declinaron realizar comentarios.

Se busca experto

El paso más inmediato es encontrar una figura de consenso para que actúe como experto en reestructuración, una nueva figura habilitada también en la normativa de 2022 y cuyo rol todavía no ha sido asignado. Distintas fuentes coinciden en que dicho nombramiento podría llegar para esta semana después de que se haya tanteado en el mercado hasta cinco candidatos, entre ellos Abencys y Crowe. La misión del seleccionado será la de fijar un valor a la compañía y también validar con qué mayorías se solicita la aprobación del plan de reestructuración, siempre y cuando haya consenso y se alcance.

Otro bote salvavidas que se da prácticamente por descartado es una opción de compra rescate por parte de otro grupo industrial como TSK, extremo que sugirieron desde el Sindicato de Accionistas Minoritarios (SAM). Fue Eduardo Breña, presidente de esta asociación, quien señaló que las mexicanas Prodi y Mota-Engil México "podrían considerar necesario no sólo la reestructuración de la deuda, y del personal, sino que verían con buenos ojos una operación corporativa" que incorporase a la firma de la familia Vallina "con su enorme cartera y con los socios que, según publican los medios, están interesados en entrar en su capital".

Por ahora, para mejorar su posición financiera a corto plazo a la espera de la solución definitiva, está llevando a cabo distintas desinversiones de proyectos potencialmente líquidos. Ya ha recibido una oferta de Indra por El Tallerón, trabaja desde hace meses en la venta su sede central, ubicada en el Parque Tecnológico de Gijón, y se ha abierto a replegarse en el negocio de servicios industriales.

Son, de cualquier modo, operaciones de importes limitados para las necesidades que tiene Duro Felguera -la oferta por El Tallerón, por ejemplo, no supera los dos millones de euros-. No en vano, la firma enfrenta en julio el pago de dos nóminas (la ordinaria y la extraordinaria) que supondrán un desembolso de cerca de 10 millones de euros. La carga laboral es una de las cuestiones sobre la que los bancos llevan tiempo reclamando acciones. La empresa cuenta con una plantilla cercana a las 1.600 personas, con una masa salarial que en función de la categoría está entre un 20% y un 40% por encima del sector y, además, "con un absentismo estratosférico", denuncian las fuentes consultadas. Una realidad que se da mientras la compañía encadena seis años de resultados operativos negativos en los que se ha comido al menos 341 millones de euros: 125 millones de la ampliación de capital de 2018, 120 millones de la Sepi, 6 millones del Principado de Asturias y 90 millones de Prodi y Mota-Engil México.