Celsa lleva al TSJC la subida de un 30% del agua en su fábrica de Barcelona

Celsa emprende una batalla judicial contra la subida del precio del agua en Castellbisbal (Barcelona), la ciudad que acoge su sede social y donde tiene instalada una de sus principales fábricas de acero. La reciente revisión de las tarifas encarece un 30% el coste del servicio respecto a los precios vigentes desde 2022.

Según ha averiguado elEconomista.es, Compañía Española de Laminación SL, una de las sociedades del conglomerado Celsa, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) contra las nuevas tarifas del agua aprobadas el pasado junio por el Consejo Metropolitano del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), el máximo órgano de gobierno de la entidad supramunicipal. Las alzas aprobadas se aplican tanto a la cuota fija del servicio en función del caudal contratado como a las tarifas del suministro según tramos.

El recurso fue admitido a trámite el pasado 7 de octubre y ahora seguirá los cauces legales habituales. Contactada por este medio, Celsa no ha querido pronunciarse. En cualquier caso, la oposición de la multinacional ya se puso de manifiesto durante la tramitación de la medida. El pasado marzo, Celsa presentó alegaciones tras la aprobación inicial del acuerdo por parte del Consejo Metropolitano. Estas alegaciones fueron desestimadas por el órgano de gobierno del AMB en la sesión de junio que validó definitivamente las nuevas tarifas.

Conviene destacar que la subida del precio del agua en Castellbisbal, materializada a propuesta de la empresa pública AICSA (Aigües de Castellbisbal), se suma a otras tantas subidas en la práctica totalidad de municipios que conforman el área metropolitana de Barcelona. Así, 35 de los 36 municipios del territorio han encarecido ya o encarecerán en breve el suministro –la única localidad que no lo ha hecho es Badia del Vallès–.

Un portavoz del AMB recuerda que "todos los servicios de abastecimiento quedaron afectados por la subida de tarifas de ATL (Ens d'Abastament d'Aigües Ter-Llobregat)", que vende agua en alta a más de 100 municipios catalanes. Debido a este aumento "se tuvo que trasladar este incremento" a las tarifas soportadas por empresas y particulares.

Celsa es una empresa muy intensiva en el uso de agua ya que sus procesos industriales se desarrollan a altas temperaturas y, por tanto, necesita el empleo de este recurso para asegurar la refrigeración tanto de las instalaciones como del producto final.

De hecho, la compañía se vio obligada a aprobar en 2023 un plan de ahorro de agua en su fábrica de Castellbisbal como consecuencia de la sequía que afectó a Cataluña, por lo que se le exigió una reducción del 15% del consumo total. En 2024, la situación fue a más y las autoridades elevaron el recorte al 25%. Sin embargo, Celsa logró un informe técnico de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) tras presentar este nuevo plan de ahorro, "lo que representa una reducción del límite a un valor que permite producir con normalidad", dice en su última Memoria de Sostenibilidad.

Por ejemplo, en 2023, Celsa logró rebajar un 12% el consumo en las plantas, entre el 30% y el 50% en las laminaciones y el 5% en la acería.

A la espera de los nuevos accionistas

El pleito lleva ya el sello de los nuevos accionistas de Celsa, un pool de fondos liderado por SVP y Attestor, los dos inversores que controlan el capital. La gestión, eso sí, responde al presidente, Rafael Villaseca, y al consejero delegado, Jordi Cazorla.

Más allá del negocio ordinario del sector siderúrgico, la cúpula debe encontrar un socio español para el 25% negocio en el país -una vez ya ha decidido desprenderse de las filiales internacionales-. Los nombres del sector son contados, con Gallardo Balboa, Megasa y Sidenor como aparentes candidatos.

Para abrir el abanico, en el sector financiero se especula con la posibilidad de dar entrada a inversores en plantas concretas para que termine resultado el porcentaje comprometido con el Gobierno. El proceso está capitaneado por Houlihan Lokey, la firma que ya contrataron los fondos en el procedimiento para quedarse con la compañía.