Así será la meteórica subida de sueldos en la industria química este año

La industria química, en la que figuran grandes empresas como Repsol, Cepsa, Basf, entre otras, se preparan para un fuerte incremento de sus costes laborales. El sector tiene que actualizar la subida de la inflación de los últimos tres años para cumplir con lo pactado en su Convenio colectivo. Por este motivo, la comisión negociadora ha llegado a un acuerdo para pactar con los sindicatos un incremento que alcanza el 10,3% al aplicarse la claúsula de garantía salarial.

Según costa en el Acta de la reunión entre sindicatos y patronal, la diferencia existente entre la suma de los IPC de diciembre de 2021, 2022 y 2023 (15,3%) y la suma de los incrementos pactados en el CGIQ para los referidos años (5%). Las empresas deberán dar cumplimiento a los nuevos valores económicos con efectos a 1 de enero de 2024. De esta manera, las empresas del sector químico refrendan su compromiso con la calidad del empleo en la industria.

Una vez se publique este Acta en el B.O.E. (previsiblemente a lo largo del mes de febrero), las empresas dispondrán de un plazo de 30 días naturales para dar cumplimiento a los nuevos valores económicos que resulten en las tablas del convenio con efectos 1 de enero de 2024. No obstante, las empresas pueden hacer efectiva dicha actualización desde la firma del acta, que se produjo el pasado 17 de enero. Así mismo deberán aplicar este porcentaje de actualización sobre su masa salarial bruta.

Con esta medida, los trabajadores del Grupo 1 pasan a percibir 18.587,86 euros y los del grupo 8 un total de 49.257,82 euros. Cuando se trata de empleados que van a turnos, estos mismos grupos perciben 22.900,25 euros y 53.570,23 euros.

El Convenio General de la Industria Química afecta, de forma general, a los sectores encuadrados en las actividades económicas de Industria Química (CNAE 20), Farmacéutica (CNAE 21) y Caucho y Plástico (CNAE 22), que conjuntamente suman más de 325.000 personas asalariadas directas.

FEIQUE recuerda que las empresas en las que concurran causas económicas podrán, en el plazo de 30 días naturales desde la publicación del Acta en el B.O.E., iniciar el procedimiento de inaplicación de condiciones regulado en el convenio.