Sánchez tiene margen para usar la tarifa de la luz con fines electorales

El viernes el Gobierno aprobó el traspaso a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el control de los costes regulados de los sistemas eléctrico y gasista, que suman unos 10.000 millones de euros al año y que representan prácticamente la mitad de los recibos de los consumidores. El Ejecutivo del PP se los había arrebatado al regulador para usar la tarifa eléctrica como herramienta política, abriendo un conflicto que llegó al Supremo y provocó un expediente europeo.

Después del traspaso, la CNMC elaborará las metodologías de cálculo de los peajes y cánones de acceso a las redes, así como las retribuciones de las actividades reguladas de luz y gas, y las aplicará de acuerdo con el Gobierno, pero manteniendo la última palabra. Ahora bien, no está claro cuándo lo hará, si antes o después del próximo año electoral: la norma establece que "en todo caso, no será de aplicación antes del 1 de enero de 2020" y aquí surgen varias interpretaciones.

Algunos creen que el Gobierno seguirá decidiendo durante 2020, porque los peajes deben aprobarse en 2019 para que estén vigentes cuando arranque el ejercicio. El Miteco, preguntado por elEconomista, señala que se aplicarán los valores decididos por la CNMC desde el 1 de enero de 2020, con independencia del momento en que ésta los apruebe, incluso si lo hace después, y recuerda que anteriormente ya se ha dado el caso.

El traspaso de competencias a la CNMC aprobado el viernes no tiene un plazo claro

Pero la cosa no queda ahí, porque el decreto también establece que los valores decididos por la CNMC se irán aplicando progresivamente en un plazo máximo de cuatro años desde el momento en que entre en vigor otra metodología, que debe elaborar el Gobierno, para calcular el importe de los denominados cargos, esto es, costes vinculados a política energética, como las ayudas a las renovables. Esta disposición ya deja en manos de la diligencia del Gobierno el momento en que la CNMC pase a tomar control real de los 10.000 millones en costes.

El Miteco sostiene que no tendrá problemas para aprobar su metodología antes de que acabe el año, pero hay quien duda de que le convenga y apunta que como los nuevos valores deben aplicarse progresivamente durante cuatro años, nada evita decidir que durante el primero no es necesario y se mantengan las cosas como están. El Miteco, no obstante, recuerda que la progresiva aplicación le vincula tanto a él como a la CNMC, que tendrán que coordinarse para garantizar una transición ordenada desde el antiguo sistema hasta el nuevo.

La CNMC, consultada también por elEconomista, indica que está analizando la norma, que es muy compleja, y que aún no puede pronunciarse.

Veremos qué ocurre, pero no cabe duda de que Pedro Sánchez, si así lo desea, tendrá margen para usar la tarifa eléctrica como herramienta política en 2020, año en el que tiene previsto convocar elecciones, ya sea tras aprobar sus Presupuestos del Estado, ya sea prorrogando los heredados del PP.