El Gobierno, enredado en la 'cláusula suelo'

Una vez más el Gobierno ha aplazado la aprobación de un modelo de mediación que evite el recurso masivo a los tribunales de los afectados por la cláusula suelo, con la consiguiente saturación de los mismos y los gastos en costas que podrían derivarse para la banca. Quizás en el ánimo del Ejecutivo están pesando las consecuencias para el sector bancario y los juzgados y es obvio que se trata de un problema muy complejo cuya gran cuantía económica merece atención, pero no está tan claro que merezca un procedimiento especial.

El interés de la banca no es entregar indemnizaciones en efectivo, puesto que hay muchas formas de resarcir el daño con menor impacto en la cuenta de resultados, como es distribuirlo en toda la vida del préstamo negociando un nuevo diferencial o un tipo fijo alternativo. También la entidad financiera puede ofrecer al cliente algún producto financiero que combine la fidelización del mismo durante un plazo con percibir un beneficio equivalente al daño que le causó la cláusula suelo y lo que resulta harto difícil es establecer un marco único para tal disparidad de posibilidades y casos.

Obligar de alguna forma a pasar por un determinado procedimiento podría ser muy perjudicial para la banca e inclinar las indemnizaciones hacia pagos en efectivo, sobre todo si no se contemplan todas los posibles pactos que pueden alcanzarse, algo tremendamente complejo. Obligar a un cliente a aceptar un pago diferido sin posibilidad de exigir ese mismo pago en efectivo, limitando su derecho a acudir a los tribunales al no poder resarcirse de las costas judiciales, no parece posible y deseable.

A priori, el interés de los clientes sería recibir en efectivo y cuanto antes lo que pagaron de más si su hipoteca estaba entre las que incluían esta cláusula de forma que pudiera considerarse abusiva. Si muchos no recurrieron cuando existía la irretroactividad pues pudieron estimar que el beneficio a obtener no era muy significativo, ahora que la devolución del importe debe realizarse íntegramente el incentivo es bastante mayor y cientos de miles de clientes se lo están empezando a pensar, si no han comenzado ya a dar pasos para recuperar ese dinero que creen les corresponde.

En caso de reclamación, lo primero que hay que determinar es si la cláusula en cuestión es o no de las que pueden considerarse abusivas con arreglo a los criterios establecidos por el Tribunal Supremo, pero la predisposición de los tribunales a considerarlas de ese modo es tal y los requisitos que debería cumplir la escritura tan poco frecuentes que puede afirmarse que la mayoría de los procedimientos serían fallados a favor del cliente con la condena en costas para el banco y la obligación de abonar al cliente lo indebidamente cobrado más los intereses de demora correspondientes.

Independientemente de que cada banco considere que las cláusulas incluidas en sus contratos son de una forma u otra, no deben olvidar la realidad de que van a tener que devolver una cantidad próxima al cien por cien de lo que les reclamen por vía judicial, más intereses y costes. Así, su interés debería ser adelantarse y negociar con el cliente soluciones económicamente más ventajosas, pero es difícil que lo que es ventajoso para el banco lo sea para el cliente en la misma medida y es precisamente lo que el Gobierno debería garantizar mediante una normativa con la suficiente claridad, aunque resulta muy complicado.

Es decir, que si la cláusula suelo en muchos casos supuso un perjuicio económico para el cliente pues se vio enredado en un contrato que le trasladaba todo los perjuicios del riesgo de tipo de interés pero ninguno de los beneficios por tomarlo, ahora no debería verse enredado en otro contrato que le prive de recibir de forma financieramente equivalente aquello que pago de más. No se puede abrir un problema para cerrar otro y no se puede sustituir una cláusula abusiva por otra más reciente. Y sin duda cabe esa posibilidad pues algunas entidades se están jugando mucho en el envite y han puesto a trabajar su creatividad financiera para diluir el impacto lo más posible.

El Gobierno necesita el consenso con el PSOE en un asunto en el que éste puede apuntarse el tanto del haber forzado una solución muy favorable para los consumidores. A la banca no puede interesarle la mediación porque puede verse obligada a resarcir en efectivo muchas más reclamaciones, dado que una normativa no puede obligar a que un cliente renuncie a lo que le corresponde según sentencias de los más altos tribunales. En suma, estamos ante un lío de proporciones mayúsculas en el que lo mejor sería dejar que las partes se arreglaran y si los tribunales se colapsan, habrá que poner más.