El irresponsable dispendio público

Los políticos españoles, todos, muestran una vez más la irresponsabilidad más alta hacia las cuentas públicas. Una vez más, y van ya ocho consecutivas, el déficit público aumenta de forma desmesurada, esta vez por encima del 5 por ciento, superando el objetivo marcado por Bruselas.

España acumula deuda pública prácticamente del 100 por ciento del PIB; de hecho, este 2016 sobrepasaremos esa ratio. Es muy preocupante, pues la sociedad española envejece y lo hace además con pérdida de población activa, con una productividad bajísima y sin visos de corrección. Esta acumulación de hechos supone un lastre para el pago de la deuda a futuro, pero es que, en el corto plazo, las dudas son aún mayores. En efecto, las previsiones de bajo crecimiento, unido a una deflación de precios, complica el pago de ese volumen de deuda. Por ende, como el BCE mantiene artificialmente bajos los tipos de interés con su expansión monetaria, los políticos nos dirán que endeudarnos nos sale gratis, pero deberían explicar qué pasará cuando los tipos de interés suban o el BCE deje de comprar deuda pública; escenario que se complicaría si nos rebajaran el rating. Nuestro Gobierno es irresponsable. El Gabinete de Rajoy no ha sido austero, sino que ha continuado con el dispendio que inició el peor presidente de España en democracia, José Luis Rodríguez Zapatero. Contaba con una mayoría absoluta para realizar las reformas necesarias y, las que ha hecho, han sido por obligación, por cierto, obligación impuesta por Europa. Fijémonos en el gasto en desempleo. Es fruto de no querer llevar a cabo una reforma íntegra del mercado laboral, la mejor forma de luchar contra el pago de las prestaciones. ¿Y para qué se ha encargado a una comisión de expertos la realización de estudios para remediar la situación? No se han aplicado sus recomendaciones y las pensiones son hoy un enorme agujero negro. Qué decir de los regidores de las CCAA. Cojamos el vergonzante ejemplo de una Cataluña, que ya no puede ni siquiera financiarse en los mercados internacionales, que, si no fuese por el FLA, estaría quebrada. Pero todo esto lo sabía el Gobierno, solo tenían que escuchar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) cuando decía que el déficit no se iba a cumplir, que las desviaciones en las autonomías eran preocupantes. El ministro Montoro, utilizando la Ley de Estabilidad, administrando el FLA bajo unas estrictas condiciones, y no como premio a los responsables manirrotos, debía haber acometido el control que ahora, con un Ejecutivo en funciones, quiere llevar a cabo. Se puede retirar ya: ha logrado subir impuestos restando renta disponible a las familias; premia el dispendio público eliminando el pago de intereses de préstamos del FLA; no ha promovido las reformas necesarias para garantizar la calidad y las prestaciones de los servicios públicos. Y la solución ante el derroche será, una vez más, elevar impuestos. Estos son nuestros políticos, por sus obras los conoceréis. Bueno sería que la AIReF fuera escuchada y fortalecida. Los programas electorales deberían pasar por sus técnicos, como en otros países. Además, debería ponerse ante las cámaras para hacer careos con gobiernos y ministros que mienten. Y, por supuesto, tener línea de comunicación permanente con Bruselas.