La CNMC planea aplicar a las eléctricas una de las retribuciones más bajas de Europa en redes

El Pleno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), presidido por Cani Fernández, se reunió este pasado lunes para debatir la propuesta sobre la nueva tasa de retribución para las redes eléctricas del periodo que abarca los años 2026 a 2031.

Según fuentes conocedoras del encuentro, el organismo se inclina por fijar una rentabilidad del entorno del 6,5%, apenas 340 puntos básicos por encima de la rentabilidad actual del bono soberano a diez años (3,1%) frente a las peticiones del sector que rondan el 7,5%.

Esta propuesta, que debe darse a conocer en las próximas semanas, representaría una reducción superior al 20% respecto a la tasa vigente, establecida en 2020, cuando el diferencial superaba los 400 puntos básicos y dejó la tasa de retribución en el 5,58%.

Con el cambio propuesto por el regulador, la retribución se incrementaría del orden de 350 millones de euros cada año, es decir, 2.100 millones en el periodo de seis años y si se atiende a la petición del sector, que se sitúa en línea con el resto de Europa, el incremento ascendería a 700 millones al año, es decir, 4.200 millones en el periodo.

En la práctica, implicaría un deterioro sustancial del atractivo inversor en un sector clave para la transición energética, justo en un momento en que se requieren más recursos que nunca para modernizar las infraestructuras.

La tasa que baraja la CNMC se situaría muy por debajo de la retribución que ofrecen otros países europeos. Italia, Finlandia o Reino Unido, por ejemplo, aplican diferenciales de entre 591 y 630 puntos básicos sobre su coste de deuda. En consecuencia, España quedaría en clara desventaja competitiva para atraer inversión en redes frente a estos otros países y podría convertirse en un cuello de botella para la transición energética que defendió ayer con intensidad el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Además, la propuesta contraviene las directrices del propio Gobierno, que en octubre pasado instó a la CNMC a garantizar una retribución suficiente para "contribuir al despliegue de la infraestructura necesaria para integrar las nuevas demandas energéticas".

La red eléctrica es el sistema nervioso de la transición energética. Su modernización es crítica para absorber la creciente generación renovable y permitir la conexión de nuevos consumidores industriales, muchos de los cuales se están viendo obligados a frenar sus proyectos por falta de capacidad.

Según datos de las eléctricas, en 2024, solo se ha podido dar acceso a 6 de los 67 GW solicitados, es decir, un exiguo 10%. El Gobierno necesita acelerar la inversión en redes eléctricas durante los próximos años para impulsar la llegada de proyectos industriales al país.

Transición Ecológica tiene previsto que se destinen 52.360 millones hasta el año 2030. Para lograr alcanzar esta cantidad, el Ejecutivo tendrá que triplicar el límite a la inversión actual del 0,13% del PIB puesto que se acumula un retraso importante, de casi el 80%, que no se ha invertido en el periodo actual por los topes existentes.

En el borrador de nueva Planificación energética, al que ha tenido acceso elEconomista.es, el Ministerio expresa su disposición a elevar dichos límites para la inversión tanto en distribución como en transporte, pero advierte que mantendrá la vigilancia para contener los peajes. De este modo, el Ejecutivo quiere acompasar la inversión en redes al incremento real de demanda eléctrica para evitar una subida del recibo de la luz de los consumidores.

La Agencia de Cooperación de los Reguladores de Energía (ACER) alertó recientemente de que el coste de las redes será uno de los principales causantes del encarecimiento de la electricidad en Europa en las próximas décadas.

Bruselas estima que las inversiones anuales deberán duplicarse, hasta alcanzar entre 75.000 y 100.000 millones de euros al año hasta 2050, lo que podría elevar los costes de distribución y transporte entre un 50% y un 100%.De no adaptarse, la competitividad industrial europea y la asequibilidad del suministro para hogares y empresas estarán en riesgo. ACER urge a rediseñar los modelos tarifarios para fomentar un uso más eficiente de la red y evitar incentivos perversos que distorsionen el sistema o trasladen costes de forma injusta entre usuarios.

La paradoja es evidente. Mientras el Gobierno -accionista mayoritario- respalda tasas de retribución superiores al 7% en sectores regulados como ferrocarriles (Adif), aeropuertos (Aena) o telecomunicaciones (Telefónica), la CNMC propone una rentabilidad más baja para las redes eléctricas.

La decisión final de la CNMC marcará el futuro de la infraestructura energética. De mantenerse la senda actual, el país no solo ralentizará la integración de renovables, sino que también agravará los cuellos de botella que ya afectan a la industria. Como advirtió el secretario general de Eurelectric, Kristian Ruby: "Invertir en una red resistente ya no es una opción. Es una necesidad urgente e inevitable y el apagón ha supuesto una llamada de atención".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer que la próxima planificación energética se conocerá en las próximas semanas.