Ribera abre una consulta pública para eliminar el tapón a la inversión en redes eléctricas
- Transición Ecológica quiere incrementar los límites pero vigilando el impacto en la tarifa
- El sector podrá enviar propuestas hasta el 3 de julio
Rubén Esteller
El Ministerio de Transición Ecológica acaba de abrir una consulta pública hasta el próximo 3 de julio en la que pretende recabar las opiniones del sector para responder a la demanda de las eléctricas de incrementar notablemente las inversiones en redes para facilitar así un mayor acceso tanto de la oferta como de la demanda.
Con esta eventual modificación de la norma, el departamento que dirige Teresa Ribera persigue actualizar el marco normativo que regula la aprobación de los planes de inversión anuales y plurianuales de las empresas transportistas y distribuidoras y los volúmenes de inversión a las nuevas necesidades derivadas de la transición energética.
La Consulta del Ministerio se produce a la vez que la iniciada por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para estudiar la retribución de estas inversiones y mejorar así su atractivo para las compañías.
La apertura de esta consulta se produce a las puertas de la Junta general de Red Eléctrica en la que la compañía defenderá la necesidad de incrementar sus inversiones con fuerza en los próximos años para poder dar respuesta a las necesidades de puntos de conexión para nuevas instalaciones tanto de renovables, como de almacenamiento o de puntos de consumo.
En particular, Transición Ecológica busca adaptar la regulación a las nuevas oportunidades industriales -como la inversión en centros de datos- y económicas que la transición energética representa para España, aunque la situación de precios para la gran industria siga suponiendo un gran interrogante.
La reforma normativa perseguirá, igualmente, un desarrollo eficiente de la red de transporte y distribución, priorizando maximizar la utilización de la red ya construida y preservando las señales de electrificación y competitividad económica minimizando el coste de los peajes para los consumidores.
Para ello, el Gobierno maneja varias opciones entre las que figura analizar la idoneidad de elevar la inversión en redes de distribución y/o transporte a la vez que se preservan las señales de electrificación, de competitividad económica y la contención de los peajes, es decir, de las tarifas que pagan los consumidores.
La elevación con carácter general del volumen de inversión máximo como porcentaje del producto interior bruto, hasta un valor que se considere suficiente para atender las necesidades de red previstas supondrá un impacto en el recibo pero, a la vez, puede permitir un mayor crecimiento.
El Gobierno insta también a estudiar la modificación de los supuestos bajo los cuales se podría modificar al alza el volumen de inversión, incluyendo nuevas circunstancias asociadas a la transición energética. El establecimiento de un nuevo procedimiento para la autorización puntual de inversiones por encima del volumen máximo vigente, previa solicitud de las empresas transportistas y distribuidoras si previamente han superado el límite de inversiones previsto en la normativa.