Iberia y Vueling pasan el primer examen para poder seguir volando en la UE tras un Brexit sin acuerdo

Los planes de contingencia de Iberia y Vueling para poder seguir volando en la UE ante la creciente posibilidad de que se produzca un Brexit sin acuerdo han pasado la primera prueba, lo que supone cierto alivio para la aerolínea. Antonio Vázquez, presidente de la matriz IAG, ha revelado que el regulador español, la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), ha dado el visto bueno a sus planes porque "cumplen con la normativa aplicable sobre propiedad y control de la Unión Europea".

Esto no termina con la incertidumbre que rodea al holding. Ahora, estos planes que han sido aprobados por el Gobierno de España deben pasar el visto bueno de la Comisión Europea, el organismo que más problemas ha mostrado sobre la dudosa españolidad de Iberia, dentro de IAG, cuyo capital es mayoritariamente extracomunitario.

Ahora toca el examen de Bruselas

IAG corre el riesgo de ver restringido seriamente su rango de operaciones si Bruselas no aprueba su plan. Los permisos excepcionales que otorgará la UE tras el Brexit, y tan solo durante un año, se limitarán a vuelos directos entre una ciudad del Reino Unido y un aeropuerto de la UE y al mantenimiento de las licencias de vuelo de los pilotos, las tripulaciones, y de las piezas de los aviones.

Pese a estas medidas, que según la asociación ALA aportan certidumbre al sector aéreo, los planes de Bruselas también dejan meridianamente claro que no podrán seguir realizando vuelos domésticos intra-UE o conexiones con escala en Europa, las aerolíneas que no tengan propiedad y control comunitario. Es decir, que el 51% de capital no esté en manos de accionstas de la UE.

"Para mantener la validez de una licencia de operación y la libertad de proporcionar servicios aéreos dentro de la UE, todas las condiciones de la licencia de operación deben respetarse, incluido el hecho de que la mayoría sea de propiedad y control de la UE", subrayó la Comisión en los documentos publicados.

Las reglas comunitarias establecen que las licencias de explotación para vuelos dentro de la UE se asignen a compañías cuyo control efectivo recaiga sobre un Estado miembro o sus nacionales y que la propiedad de más del 50% de las acciones sea también europea. Si las aerolíneas consideradas europeas hasta ahora por tener una participación mayoritaria británica siguen sin cambios, perderán este estatus europeo con la salida Reino Unido de la Unión y, por tanto, perderían también su licencia intraeuropea automáticamente, por lo que requieren una reestructuración de su accionariado.

En Bruselas se ha puesto en entredicho la españolidad de Iberia dado que la mayoría del capital de IAG es extracomunitario. Sin embargo, Iberia, y así se lo ha comunicado a AESA, siempre ha defendido que se trata de una aerolínea española. Se apoya para defender esta posición en que el 50,01% de su propiedad política está en manos de Garanair, una compañía controlada por El Corte Inglés. Además, desde el grupo se argumenta que IAG es una compañía española con sede en este territorio español. Hoy mismo, Vázquez, durante la junta general de accionistas del grupo, ha insistido en que IAG y todas sus aerolíneas "tienen certificados de operación otorgados desde el inicio de sus operaciones y apoyados por sólidos negocios en España, Irlanda, Francia y Reino Unido".

Además, IAG dio un paso importante en febrero para blindar su europeidad ante un posible Brexit duro. El consejo de administración del holding aéreo fijó en un 47,5% el máximo total de su capital social que puede estar en manos de accionistas de fuera de la Unión Europea (no UE), nivel que se alcanzó el lunes 11 de febrero.

Así, y según recoge el artículo 11 de sus estatutos, la dueña de Iberia, British Airways o Vueling, se ha asegurado el derecho a poder obligar a sus accionistas No UE a vender sus títulos en un plazo de diez días a inversores comunitarios si se supera el nuevo "máximo permitido" o a vetar la compra de títulos por parte de accionistas de fuera de la Unión. Sin embargo, el elevado peso británico (hoy dentro de la UE) podría complicar el cumplimiento de esta regla el día que Londres abandone la UE.