Huelga en la estiba: no es el dinero, es el poder

Los estibadores van hoy a la huelga por primera vez tras más de cuatro meses de amenazas y negociaciones. Los paros oficiales, que tendrán lugar en las horas impares, amenazan con paralizar los puertos, hundir el tráfico de contenedores y ahondar en el desvío de los buques a Portugal, Marruecos o Francia.

Los sindicatos han decidido ejercer su derecho a la huelga por primera vez desde que se abrió el conflicto al ver cómo el control de la estiba se les puede escapar de las manos. La máxima de Antolín Goya, líder de Coordinadora, es "conseguir en la negociación colectiva lo que no se consiguió en el Real Decreto". Es decir, conseguir una reforma lampedusiana y que nada cambie a pesar de la nueva ley que liberaliza el sector de la carga y descarga de mercancías en los puertos.

Y es que, más allá de la subrogación de todos los empleos, las exigencias de los sindicatos pasan por convertir todas las Sagep en Centros Portuarios de Empleo (CPE), arrancar de las empresas el compromiso de ser accionistas de los mismos, que sólo puedan contratar al personal adscrito a los nuevos CPE y encargarse de la formación de los estibadores, tal y como sucede ahora.

Así, los sindicatos quieren mantener el control efectivo de la mano de obra en los puertos, lo que impide a las empresas decidir libremente la composición de los equipos de trabajo o manos, tal y como denuncia Anesco. Esto genera una situación "sobredimensionamiento y falta de competitividad", denuncian los empresarios. Así, ni a las terminalistas les preocupan los altos sueldos unitarios de los estibadores ni a los trabajadores les preocupa renunciar a una pequeña parte de ellos (han ofrecido rebajas del 10%).

Por lo que pelean unos y otros es por tener el control de la estiba y poder decidir en la dirección, organización y control de la actividad laboral de los trabajadores portuarios. Si esta pasa de forma efectiva a las empresas, el número de empleados por mano bajará. Esto abre la puerta a que se reduzca la plantilla y, por extensión, los costes globales. El Gobierno contempla esa posibilidad y por eso ha articulado herramientas para que los despidos y prejubilaciones se paguen con fondos públicos. Por otro lado, si los sindicatos dejan de decidir sobre quién puede o no puede ser estibador, la oferta de la mano de obra subirá, bajando el precio de la misma, y las organizaciones sindicales tendrán menos poder. Así, si finalmente el control de la estiba cambia de manos, los costes se reducirán y será más rentable operar por España, lo que en principio puede atraer nuevas inversiones e incluso el interés de empresas como la china Cosco.