Abengoa, a sólo un paso de evitar la mayor quiebra de la historia del país

Cuando parecía que empezaba a reinar la calma en el panorama empresarial español, la insolvencia de Abengoa abrió los informativos y arrampló en las portadas de todos los periódicos. La crisis de la multinacional andaluza amenazaba con convertirse en el mayor concurso de la historia de España, con una deuda financiera bruta de 9.306,2 millones de euros, según aparece en su plan de viabilidad.

Su quiebra le situaría incluso por delante de Martinsa Fadesa, la inmobiliaria que está actualmente en liquidación, y que fue a concurso en julio de 2008 con un agujero de 7.200 millones de euros. El próximo lunes 28, Abengoa debe presentar ante el juzgado de lo Mercantil de Sevilla un plan de reestructuración que cuente con el respaldo, en primera instancia, del 60% del pasivo financiero.

El grupo ya tiene el apoyo de sus principales acreedores: el G-6 (Banco Santander, Bankia, CaixaBank, Popular, Crédit Agricole y HSBC) y de los grandes bonistas (Attestor Capital, Centerbridge, DE Shaw Group, Elliott Management, KKR Credit, OAK Hill Advisors y Värde). En conjunto representan el 40% de la deuda.

El grupo espera llegar al día 28 con el respaldo del 60% y solicitar una prórroga al juez que le permita ganar tiempo para logar la adhesión del 15% restante durante el mes de abril y sumar así el 75% que exige la ley. Si no lo consigue, su quiebra llegará en un momento en el que el número de concursos en España ha descendido notablemente respecto a 2013, cuando estos procesos se sucedieron hasta alcanzar los 9.937 concursos, según datos del INE. Esta cifra cayó por primera vez desde 2007 en el año 2014, con 7.038 casos y la tendencia bajista continuó en 2015, con 4.129 concursos hasta septiembre.

Arranca el 'crack' del ladrillo

La inmobiliaria presidida por Fernando Martín encabeza actualmente el ranking de empresas insolventes en el país. La liquidación del grupo, que superó el concurso en 2011 y que sobrevivió durante los duros años de la crisis del ladrillo en nuestro país, llegó además en el momento en el que el mercado de inversión empezaba a estar en plena ebullición. La banca, que a lo largo de la crisis confió en las posibilidades de otras inmobiliarias, no vio claro el plan de negocio que se había presentado para salvar a Martinsa de la quiebra.

Ante la falta de liquidez del grupo, que cerró 2014 con unas pérdidas de 313 millones de euros y un ebitda negativo de 43 millones, las entidades financieras prefirieron decantarse por la liquidación para intentar recuperar una parte del dinero con la venta de los activos, ya que tenían la deuda provisionada y no estaban dispuestas a aceptar quitas del 80% y a quedarse con suelos, que calificaron "de baja calidad". Por eso preferían un proceso que fuera "transparente, tutelado judicialmente y con garantías".

La empresa de Fernando Martín fue precursora en 2008 del crack de grandes inmobiliarias, constructoras y promotoras dañadas por el efecto dominó de la recesión, que cayeron a lo largo de los siguiente cinco años.

De las inmobiliarias, Reyal Urbis es la siguiente por volumen de deuda, con un negativo de 3.613 millones de euros. Actualmente está en la cuerda floja y su futuro depende de la decisión que tome la Audiencia Nacional sobre su propuesta de convenio. La inmobiliaria, entró en concurso de acreedores en marzo de 2013. En febrero de 2015 realizó su primera propuesta de convenio, pero el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid entendió que su contenido no se ajustaba a los requisitos de la ley concursal y por tanto no admitió este documento.

La compañía contó con un periodo para rectificar una serie de cuestiones concretas, sin embargo, estos cambios no fueron suficientes para el juzgado, que el 21 de septiembre consideró que el plan de pagos diseñado por la inmobiliaria no era viable y las quitas del 80% no estaban justificadas.

La inmobiliaria recurrió en apelación la decisión del juzgado y ahora es la Audiencia Provincial la que tiene la última palabra sobre Reyal Urbis.

La promotora catalana Hábitat se lleva el cuarto puesto en el ranking de mayores concursos con un pasivo de 2.840 millones. Tras no poder cumplir con las condiciones del primer convenio de acreedores, en mayo de 2015 el juez aprobó una propuesta de un grupo de fondos que tomaron el control de la inmobiliaria. Sacresa fue otra de las promotoras que entró en suspensión de pagos, en julio de 2010, con un negativo de 2.635 millones negativos.

Por debajo de esa cifra también presentaron concurso la inmobiliaria Tremón (1.200 millones), la constructora Noriega (1.162 millones) las promotoras Aifos y Llanera (1.000 y 750 millones, respectivamente), Nozar (700 millones) y el grupo Lábaro (700 millones), la inmobiliaria Bami (620 millones), el grupo Rayet (456 millones) y la constructora DHO (entre 300 millones y 350 millones de deuda).

Pescanova

A pesar de la magnitud de casos entre el sector inmobiliario, el concurso de la compañía Pescanova se posicionó en abril de 2013 como el segundo más importante del país, con una deuda de 3.640 millones de euros. El anterior presidente de la firma, Manuel Fernández Sousa, ocultó durante años deuda de las empresas filiales y presuntamente falsificó las cuentas, lo que arrastró a la empresa al borde de la liquidación.

El Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional le imputa varios delitos, como blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, además de exigirle a él y sus socios una fianza de 158 millones de euros

El sector turístico fue también uno de los más afectados por la crisis, con varios concursos de gran magnitud, como el de Marsans o el del grupo Orizonia, que se presentó ante el juez en abril de 2013 alegando un negativo de 2.000 millones de euros.

Otro caso relevante fue el de la aerolínea Spanair. Quebró en enero de 2012 con un pasivo de 474 millones y dos años más tarde, en marzo de 2014, la Fiscalía de Barcelona consideró a los miembros del consejo de Spanair culpables del concurso porque retrasaron la solicitud del concurso pese a que seis meses antes la situación ya era de insolvencia manifiesta, agravando la situación de la firma.

Por otro lado, fue relevante también en España el concurso voluntario de Fagor Electrodomésticos, que arrastraba pérdidas desde el año 2009 y cayó en noviembre de 2013 con un agujero de 850 millones.

Otro concurso muy sonado, aunque precisamente de menor cuantía, fue el de Zinkia, productora de Pocoyó. La compañía se declaró insolvente en octubre de 2013 tras no lograr refinanciar un crédito de 2,5 millones, aunque superó el concurso en junio de 2015.