La nueva Ley de Movilidad regulará las concesiones de bus tras años atascadas

El Gobierno llevará al Consejo de Ministros antes de que acabe el año la nueva Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. Según ha podido saber elEconomista, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana lleva meses trabajando en la norma que, entre otras cosas, modificará la estructura del transporte de viajeros por carretera, hasta ahora estructurado con un sistema concesional que ha provocado problemas para firmas y usuarios y que tiene líneas con contratos caducados desde hace décadas.

La nueva norma ha contado con la participación en su redacción de técnicos del propio Ministerio de Transportes y expertos del sector que, a través de una mesa propia, han aportado diferentes puntos de vista al proyecto final que acabará sobre la mesa del Consejo de Ministros. El texto definitivo, según las mismas fuentes, se entregó hace semanas.

Pero las concesiones de autobús han sido objeto de polémica en numerosas ocasiones. El anterior ministro del ramo, José Luis Ábalos, se tuvo que enfrentar a la paralización y obligación de reconfigurar el sistema que hasta entonces estaba vigente como consecuencia de una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TECRC) y múltiples quejas por parte de las compañías.

Más allá de esto, otro de los puntos claves de la norma será, según las fuentes consultadas, la regulación para asegurar la coherencia del sistema de ayudas y subvenciones en materia de movilidad que otorgan las distintas Administraciones públicas, eliminando posibles duplicidades. En este sentido, estarán alineadas con los retos actuales de descarbonización de la economía y la transferencia intermodal persiguiendo la eficiencia energética.

Además de este tema, la nueva Ley de Movilidad Sostenible también contendrá una definición de movilidad que sigue las líneas maestras que Europa ha ido marcando en los últimos años. En este sentido, el término englobará, no solo aquello inherente al transporte desde una perspectiva tradicional, como el desplazamiento de personas o bienes, entre un origen y un destino, consumiendo recursos cuantificables, y además incluye los condicionantes, necesidades, motivaciones y percepciones de los individuos.

Además, la nueva norma también sentará las bases para solucionar la necesidad de establecer una planificación rigurosa y priorizar las inversiones en infraestructuras del transporte, que dirija los fondos a aquellos proyectos con mayor retorno social. Sea como fuere, para el sector, esta norma es una "declaración de intenciones" que choca con la división de las competencias.