La sanidad privada presenta reclamaciones administrativas a seis CCAA por limitar su actividad

Seis territoriales de la patronal de la sanidad privada Aspe se han cansado de esperar las compensaciones económicas que consideran justas por su papel en los meses del confinamiento y han decidido denunciar formalmente la situación para conseguir la indemnización. "Tras las conversaciones y negociaciones desarrolladas desde hace muchos meses en algunos territorios, las empresas sanitarias han iniciado reclamaciones por vía administrativa. En muchos casos las reclamaciones se ejercen a título particular por cada empresa perjudicada y en otros de forma colectiva", explican desde la patronal.

Las comunidades donde se viven los problemas son seis: Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia y País Vasco. En otras cinco comunidades se han llegado a acuerdos (Cataluña, Madrid, Navarra, Canarias y Baleares) y en el resto de comunidades no se considera que haya suficiente presencia del sector privado. Los cálculos de los daños al sector de la sanidad privada a nivel nacional durante los meses del confinamiento son de 240 millones de euros, según la propia patronal, que además eleva a 3.000 centros sanitarios de pequeño tamaño las empresas en situación de inviabilidad e insostenibilidad económica.

Casos diferentes

La casuística de la sanidad privada en las seis comunidades donde se han presentado las reclamaciones es diversa bajo el mismo trasfondo. En el caso de Murcia, la gran mayoría de empresas han realizado reclamaciones administrativas a la Consejería de Sanidad. La misma solución se ha emprendido en Castilla y León, con una reclamación administrativa por lo derivado en la primera ola y por puesta a disposición. En la Comunidad Valenciana varios grupos hospitalarios han presentado a su vez un escrito de reclamación conjunto.

En Andalucía, a pesar de las conversaciones para alcanzar un acuerdo general, no se han producido avances y hay empresas que han presentado reclamaciones por puesta a disposición. En País Vasco, las gestiones desarrolladas por las clínicas tampoco han alcanzado avances satisfactorios, si bien se resuelven satisfactoriamente determinados convenios sanitarios. Por último, en Galicia, la práctica mayoría de los asociados han presentado reclamación a la Xunta y también al Ministerio de Sanidad.

La sanidad privada considera que tras obligarles vía Real Decreto a permanecer abierta, sin posibilidad de ajustar plantillas pero sin la capacidad de hacer ninguna intervención que no fuera de Covid, se les obligó a incurrir en muchos gastos para los que ahora piden compensación. Para apoyar su creencia de que la merecían, la patronal Aspe encargó un dictamen jurídico que avaló las peticiones por considerar que las administraciones públicas tenían responsabilidad patrimonial tras obligar por decreto a mantener una actividad que no podía desarrollarse por el confinamiento.

Aquellas decisiones provocaron una caída de la actividad asistencial del 80%, mientras que a sus profesionales no los dejaron acogerse a los Ertes.