La JUR suma y sigue: otra tomadura de pelo a los afectados del Popular

Las actuaciones de la Junta Única de Resolución (JUR) europea, organismo presidido por Elke König que ordenó intervenir el Banco Popular, han estado marcadas por la continua opacidad a la hora dar explicaciones sobre cómo se fraguó la resolución de la entidad y los continuos desplantes a los afectados (accionistas y bonistas), que perdieron más de 11.400 millones por la decisión. Ahora, la filtración de dos correos internos de la JUR revela una nueva tomadura de pelo para los más de 300.000 inversores que aún tratan de recuperar su dinero.

El fin del Popular se vio acentuado por unas declaraciones, atribuidas a König, que Reuters publicó el 31 de mayo de 2017. En ellas, presuntamente, la presidenta de la institución declaró que se estaba trabajando en una resolución del banco. Según los peritos judiciales, que remitieron a la Audiencia Nacional un informe de conclusiones sobre el caso, estas palabras provocaron a partir del 31 de mayo una acrecentada fuga de depósitos "de especial virulencia por su intensidad" que provocó la "mayor retirada de fondos mayoristas". Tan solo seis días después, el banco se declaró incapaz de abrir las ventanillas por falta de liquidez y la JUR ordenó su intervención. Fin del Popular.

Gracias a los documentos obtenidos por el despacho B. Cremades & Asociados, se conoce ahora que la JUR no abrió una investigación por dichas filtraciones hasta que no comenzó a recibir demandas y que esas pesquisas se quedaron resumidas en dos correos internos sin mayor relevancia. Una de las principales causas que precipitó la caída del banco no fue debidamente investigada por sus responsables.

Los correos electrónicos, fechados a 10 y 18 de agosto, defienden que la información de Reuters puso indebidamente en boca de König la declaración de que se estaba vigilando al banco, y que la noticia vio la luz sin ser revisada por el organismo ya que la presidenta del mismo estaba de viaje en EEUU. Asimismo, dan por zanjada la investigación al considerar imposible conocer quién fue el que filtró la información, a pesar de que precisamente de eso trata una investigación. Sin embargo, el asunto quedó cerrado por parte de la JUR sacudiéndose una responsabilidad (o irresponsabilidad) que acabó con la inversión millonaria de más de 300.000 accionistas.

A pesar de lo escandaloso, no supone nada nuevo bajo el sol de la institución, negacionista a la hora de aportar los informes que rodearon la intervención de la entidad bajo el argumento de que perjudicarían la estabilidad financiera y, cuando fue obligada hacerlo, los entregó censurados.

König, con la seguridad de que fue reelegida como presidenta hasta 2022, hace y deshace con opacidad

Ante esta actitud, no sorprendió a ninguno de los afectados la decisión definitiva que anunció el organismo en marzo de no compensar a los antiguos accionistas del banco, al asegurar que si la entidad hubiera ido a concurso de acreedores las pérdidas hubieran sido mayores. Así la JUR, sigue elevando el muro que la defiende de cualquier responsabilidad en la operación.

König, con la seguridad de que fue reelegida como presidenta hasta 2022, hace y deshace con opacidad en el caso del Popular. Lejos de que el calificativo la persiga, ella misma se encargó de hacerlo suyo cuando compareció en el Congreso de los Diputados en diciembre de 2017 para dar explicaciones sobre la caída del banco al no responder a ninguna pregunta y remitir a los diputados a la página web de la JUR si querían respuestas. Ya han pasado más de tres años desde el fin de la entidad y las respuestas brillan por su ausencia, con la única esperanza de que las den los tribunales.