La juez suspende las multas y la prohibición de contratar al 'cártel del AVE'

Las empresas del denominado cártel del AVE han recibido el respaldo de la juez en sus recursos contra la resolución de marzo de 2019 de la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC) por la que sancionó a 15 compañías por repartirse, presuntamente, contratos públicos para la electrificación de la red ferroviaria de alta velocidad.

Así, los tribunales han emitido varias sentencias en los últimos meses en las que ordenan suspender las multas que este organismo impuso por un importe conjunto de 118 millones de euros y la prohibición de contratar a estas empresas por parte de las Administración que propuso al Ministerio de Hacienda.

Las empresas recurrieron en la Audiencia Nacional la resolución de la CNMC y, hasta el momento, han obtenido mayoritariamente las medidas cautelares solicitadas

Las empresas recurrieron en la Audiencia Nacional la resolución de la CNMC y, hasta el momento, han obtenido mayoritariamente las medidas cautelares solicitadas. Los procesos judiciales, no obstante, continúan su curso y las previsiones de las partes implicadas apuntan a que aún se prolongarán durante varios años y terminarán en casación el Tribunal Supremo.

Las empresas sancionadas por acometer supuestamente prácticas anticompetitivas en las actividades de electrificación y mantenimiento de la red ferroviaria fueron las filiales de ACS (Cobra, Cymi, Semi y Electren), Elecnor, Siemens, Inabensa (Abengoa), Alstom, Isolux, Comsa, Indra, Neopul (Sacyr), Telice, EYM (OHL) y Citracc. La CNMC también multó a varios directivos a título individual.

La última sentencia emitida se refiere al recurso presentado por Sacyr Neopul, filial de Sacyr. La sección 6 de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, presidida por la magistrada Berta Santillán, en una pieza separada de medidas cautelares, falló el pasado mes de junio la suspensión tanto de la multa como de la prohibición de contratar a esta empresa. Con anterioridad, la misma sala resolvió en términos similares sobre los recursos de otras empresas, como Electren, Semi o EYM. Las presuntas infractoras han argumentado en sus escritos "la magnitud de los perjuicios que se irrogarían" con la ejecución de la multa y la prohibición de contratar para sustentar su petición cautelar.

La juez rechazó en un auto de enero las cautelares requeridas por Comsa

Aunque la Abogacía del Estado se ha opuesto a estas solicitudes de medidas cautelares porque "el interés público debe prevalecer sobre el interés privado", la Audiencia Nacional ha hallado probado los efectos económicos de estas medidas en la mayoría de los casos resueltos. No obstante, la juez rechazó en un auto de enero las cautelares requeridas por Comsa al considerar que la constructora catalana no acompañó su petición de "ningún documento económico contable del que pueda deducirse cuál es la situación patrimonial- económica en que se encuentra la empresa para que esta Sala pueda llegar a la conclusión de que la ejecución del acto impugnado podría causarle perjuicios económicos irreparables".

La propuesta de la CNMC de prohibir la contratación con las empresas del cártel del AVE fue la primera vez que la planteó el organismo, que con posterioridad ha recurrido a esta fórmula en otros casos. No obstante, el carácter vinculante depende de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que es la que igualmente determina la duración y alcance de la misma, sin que hasta la fecha se haya pronunciado.

De hecho, varias de las empresas sancionadas el año pasado han resultado preadjudicatarias del contrato para la asistencia al mantenimiento y obras auxiliares de las distintas instalaciones de electrificación de la red convencional durante tres años.