El Gobierno crea un fondo de 10.000 millones para rescatar empresas entrando en su capital

El Gobierno pone sobre la mesa un fondo de 10.000 millones de euros para rescatar empresas con problemas de solvencia a causa de la pandemia. El Ejecutivo entrará en el capital de las compañías a través de la compra de acciones, deuda o cualquier otro instrumento convertible en capital. O lo que es lo mismo, nacionalizará parte de las que se vean obligadas a recurrir a esta ayuda, tal y como ocurrió con Bankia hace ya ocho años.

El plan que adelantó ayer el presidente Pedro Sánchez, y que se ha aprobado este viernes en el Consejo de Ministros, entra dentro de las propuestas incentivadas por Bruselas para salvar el tejido productivo de los países de la eurozona y con éste, el empleo. Eso sí, hay condiciones.

La Comisión Europea advirtió el pasado mes de abril que la entrada de los gobiernos en el capital de las empresas debe ser siempre el "último recurso" del que tirar para salvar las compañías. Además, pide que se comuniquen estos rescates públicos siempre que el capital inyectado exceda de los 100 millones de euros, pero es más difusa a la hora de fijar un marco temporal de salida.

Según los últimos avances de Bruselas al respecto, las compañías rescatadas deberán remitir a sus respectivos gobiernos un plan de salida a los seis meses de la inyección de dinero público. Y, además, si a 31 de diciembre de 2024 la participación estatal no está por debajo del 15%, se debe diseñar un plan para reestructurar la empresa.

Bankia es el mejor ejemplo de que la salida de capital público no es tan sencillo. El fondo de 10.000 millones de euros puede ir a rescatar tanto empresas cotizadas como que no están en bolsa. En el caso de Bankia (con presencia en el Ibex 35 y a la que el Ejecutivo de Mariano Rajoy inyectó más de 22.000 millones de euros, que no se han recuperado) el Estado, a través del Frob, aún mantiene el 61,8% del control. La deprimida valoración en bolsa del sector financiero, ante la baja rentabilidad ligada a unos tipos de interés en negativo, han hecho que la fecha de privatización de Bankia, estipulada para 2019, se alargue sine die con el objetivo de perder lo menos posible con la venta.

Recuperación de la ayuda

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión, Margrethe Vestager, a cargo de Competencia, señaló el pasado 15 de abril en un comunicado que desde Bruselas se asegurarán "de que los contribuyentes reciban una remuneración suficiente por su inversión". Sin embargo, el tiempo ha demostrado que cuando se utilizaron este tipo de ayudas para los rescates bancarios de la crisis financiera el dinero es difícil de recuperar. El Banco de España da por perdidas el 75% de las ayudas a la banca: más de 42.500 millones de euros.

El uso de estos fondos solo se irá a compañías que sean viables, aunque presenten problemas de liquidez

Por otro lado, según avanzaron ayer fuentes del Gobierno, el uso de estos fondos solo se irá a compañías que sean viables, aunque presenten problemas de liquidez. Asimismo, serán las firmas las que soliciten esta ayuda pública y tendrán que justificar que sus dificultades son a raíz de la crisis del coronavirus. Por tanto, se comparará su situación a cierre de 2019 con el momento en el que demanden la inyección de capital.

El Gobierno llevará a cabo la entrada en las compañías a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), adscrita al Ministerio de Hacienda. En la actualidad, la Sepi participa en sociedades como Hispasat, Red Eléctrica Corporación, RTVE, Airbus, IAG, Indra o Correos.

Asimismo, y con el objetivo de evitar la distorsión de la competencia entre las empresas que reciben ayudas públicas de las que no, la institución comunitaria asegura que estas ayudas están sujetas a condiciones claras en cuanto a la entrada, remuneración y salida del Estado de las empresas, las disposiciones de gobernanza y las medidas apropiadas para limitar dicha distorsiones de la competencia. Además, la UE también limita la ayuda prestada a que sea equiparable a las pérdidas obtenidas por el coronavirus y advierte que las compañías no podrán utilizar estos fondos para asumir riesgos excesivos.

Por otro lado, fuentes del Gobierno señalaron ayer a Efe que el rescate a las compañías para asegurar su solvencia no tiene que pasar necesariamente en todos los casos por la entrada en el capital de las empresas.

Habrá, además, una linea de avales por 40.000 millones para impulsar la inversión

Junto a este fondo de 10.000 millones para nacionalizar compañías en apuros, Sánchez también adelantó ayer durante una entrevista que concedió a La Sexta que el Consejo de Ministros aprobará una línea de avales de 40.000 millones de euros para impulsar la inversión. Esta nueva línea, que se gestionará a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), no tiene nada que ver con los avales por 100.000 millones de euros que puso en marcha el Gobierno para financiar a empresas, pymes y autónomos.

El nuevo plan de 40.000 millones irá destinado a financiar a compañías que tengan intenciones de realizar inversiones. Por tanto, de nuevo la gestión de esta línea correrá a cargo de las entidades, responsables de analizar el riesgo de cada compañía para decidir si otorgarle financiación. El Ejecutivo aún no ha detallado cuál será el porcentaje de la financiación avalada. En el caso de la línea de 100.000 millones de euros, el Estado avalaba hasta el 80% de la operación a pymes y autónomos. Es decir, que si la compañía no paga, es el erario público el que absorbe ese agujero. Para evitar las mayores pérdidas posibles, era la banca la encargada de analizar el riesgo, también interesada, porque asume el otro 20% de la pérdida en caso de morosidad.

De momento, el Ejecutivo descarta ampliar la línea de avales de 100.000 millones de euros, a pesar de que ya liberó el pasado mes de junio todos los fondos. El último paso del Gobierno en este sentido ha sido redistribuir la ayuda sobrante entre las entidades. Es decir, al adjudicarse la línea por cuota de mercado, se han traspasado los avales de aquellos bancos que no han cubierto el cupo, sobre todo pequeñas entidades o de origen no español, a bancos que ya habían cubierto su cuota y seguían teniendo de-manda.

Fuentes del Ejecutivo aseguran que aún queda dinero para repartir a través de estos avales. No será hasta que se agoten por completo que estudien qué medida tomar. No obstante, la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró el mes pasado que el Ejecutivo podría ampliar la línea si la demanda de crédito persistía.

El mayor grueso de solicitudes ha llegado por parte de pymes y autónomos. Concretamente, de las 620.705 operaciones de financiación cerradas, el 98%, es decir, un total de 609.704, fue de pymes y autónomos, según los últimos datos a 24 de junio. Las entidades han concedido créditos por valor de 76.918 millones bajo este programa, de los que 58.723 millones de euros están avalados por el ICO.

La línea de 100.000 millones de euros se distribuyó en 65.500 millones para dar liquidez a pymes y autónomos; 25.000 millones para financiar a las empresas de mayor tamaño; 2.500 millones para dar crédito a pymes y autónomos exclusiva- mente de negocios relacionados con el sector turístico y, otros 500 millones de euros para que las compañías o autónomos accedieran a la compra o alquiler de un vehículo sostenible.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha reiterado en las últimas semanas al Gobierno que continúe dando estímulos a la economía durante esta primera fase de la crisis, en referencia a extender el periodo de los Ertes, conservar la Renta Mínima Vital y mantener la liquidez a las empresas a través de los avales.

De hecho, el gobernador se ha mostrado en varias ocasiones proclive a su ampliación, especialmente dirigidos a aquellas compañías de los sectores más afectados por la actual crisis sanitaria, como el del turismo.

Las firmas rescatadas no podrán pagar dividendos

El Congreso quiere fijar incompatibilidades a las empresas rescatadas. Entre las condiciones figuran impedir que se ofrezcan dividendos durante dos años y excluir a empresas con filiales en paraísos fiscales. Otros requisitos que la Cámara Baja quiere imponer son las de cumplir el Acuerdo Climático de París, cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres y comprometerse con la protección de la biodiversidad.