El Estado 'rescata' a la firma de defensa Escribano tras fichar a ex altos cargos

El Gobierno ha salido al rescate de Escribano Mechanical & Engineering, una pequeña empresa madrileña del sector armamentístico controlada por la familia Escribano y en la que participa también con un 32% del capital el Estado de Omán.

La compañía, que en los dos últimos años ha fichado como director general al número dos de María Dolores de Cospedal como ministra de Defensa y que tiene actualmente en su consejo de administración a un exalto cargo de José Bono en el Gobierno Zapatero, ha visto mermada significativamente su actividad como consecuencia de la crisis causada por el coronavirus, pero al mismo tiempo está logrando importantes contratos públicos.

A la espera de que se hagan públicas las cifras el pasado ejercicio, en 2018 su facturación se elevó a 44,7 millones de euros y desde marzo ha conseguido ya un contrato de 36 millones de euros para la producción de respiradores y otro junto a Indra, Sapa y Santa Bárbara de 2.100 millones de euros para hacer frente al programa de renovación de los blindados 8x8 del Ejército.

Tras esta última firma, comienza ahora un período de licitación con la intención de que dicho contrato pueda firmarse durante el tercer trimestre de 2020, momento en el que se conocerá exactamente la parte de la tarta que se queda finalmente Escribano.

Un contrato muy significativo

De momento, y según reconocen ya desde el ministerio de Defensa, el plan industrial de este programa va a tener efectos muy positivos en la economía nacional teniendo especial incidencia en Asturias, Sevilla, Guipúzcoa y Madrid, donde se prevé la creación de 650 puestos de trabajo directos y otros 1.000 indirectos.

Escribano, que según los datos del Registro Mercantil contaba a 31 de diciembre de 2018 con menos de un centenar de trabajadores, habría acelerado su crecimiento tras el fichaje de exaltos cargos, según explican en el sector. Entre 2016 y 2018 la empresa ya creció, no obstante, un 55%.

En abril de 2018 la firma incorporó como miembro del consejo de administración a Miguel Ángel Panduro Panadero, quien durante ocho años fue consejero delegado de la empresa pública Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, SA (ISDEFE) por designación del entonces ministro del ramo, José Bono. Y del mismo modo también, en marzo de 2019 la firma fichó como director general a Agustín Conde, que fue secretario de Estado de Defensa con María Dolores de Cospedal.

En este caso, sin embargo, y según confirman fuentes de la empresa, Conde ha abandonado ya la empresa tras apenas un año en el cargo. De este modo, al frente de la compañía están así Javier Escribano como presidente y Ángel Escribano como consejero delegado.

Escribano, que nació como un pequeño taller mecanizado en Coslada (Madrid) ha crecido así hasta convertirse en uno de los principales proveedores del sector de la defensa. Fuentes de la compañía admiten que a la espera de conocer el importe exacto de la parte del contrato de Defensa junto a otras firmas, la adjudicación para producir respiradores compensa en parte la pérdida de la actividad ordinaria. No obstante, estas mismas fuentes señalan también que este contrato apenas tendrá beneficio económico.

La alianza con Hersill

El Ministerio de Industria fue quien puso en contacto a Escribano con Hersill para la fabricación en masa del Respirador Vitae 40 (propiedad de la segunda) que ya estaba homologado. Hersill tenía el know how pero necesitaba ayuda industrial para escalar la fabricación hasta los 5.000 respiradores que se necesitaban y con el que están cumpliendo en plazo y forma según afirma el Ministerio de Sanidad.

Desde Escribano explican que su papel fundamental en este contrato público es ensamblar las dos piezas clave de un respirador: el colector y la electroválvula. El resto del dispositivo se monta en Hersill.

Al comienzo del trabajo hubo un desabastecimiento de electroválvulas, material que no se fabrica en España. Cuentan desde Escribano que encontraron a un fabricante en Suiza y se lo compraron a ellos. Desde Hersill reconocen que el inconveniente de las electroválvulas les hizo rediseñar parte del respirador. Hersill también evaluó el precio de los respiradores (unos 7.200 la unidad, según el contrato) y dijeron que es ligeramente superior al de los 100 primeros que suministraron a la Comunidad de Madrid "porque la especulación internacional y la fabricación urgente hace que algunos componentes sean mucho más caros".