Endesa financia con el BEI sus 8.500 puntos de recarga públicos para coches eléctricos

Endesa está a punto de firmar un préstamo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para financiar el despliegue de todos sus puntos de recarga públicos para vehículos eléctricos: quiere instalar 8.500 entre 2019 y 2023, con una inversión total de 65 millones. Hasta el momento la compañía tiene unos 1.500 puntos en marcha y alcanzará los 2.000 a finales de año.

El BEI lanzó a inicios de año un programa específico para financiar la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos en la Península Ibérica, amparándose en las virtudes ecológicas de este tipo de movilidad a la hora de reducir los contaminantes ambientales -como el NOx o las partículas-, las emisiones de CO2 y el ruido. La entidad está potenciando la vertiente climática en su actividad, hasta que alcance el 50% a partir de 2025.

El Programa del BEI para la Península Ibérica está dotado con 200 millones y persigue canalizar un volumen equivalente de inversión privada. De momento ha obtenido su primer cliente en Endesa, que acaricia la adjudicación de un primer préstamo de 35 millones; la ceremonia de la firma está prevista para el próximo mes de julio, una vez hayan culminado la fase final de evaluación.

La empresa dirigida por José Bogas presentó en noviembre de 2018 un plan para instalar más de 8.500 puntos de recarga públicos entre 2019 y 2023, repartido en dos fases. En la primera, de 2019 a 2020, habilitará 2.000 puntos en ubicaciones clave para dar acceso al 75% de la población; en la segunda, entre 2021 y 2023, aceleraría el ritmo hasta alcanzar los 6.500 puntos restantes, emplazados sobre todo en zonas urbanas -para aumentar su densidad-, autopistas e islas.

La inversión planificada por Endesa para este despliegue de infraestructuras, acometido por su filial Endesa X, es de 65 millones, pero la eléctrica tiene un presupuesto adicional de unos cinco millones para proyectos accesorios, sobre los que se está centrando el análisis -due dilligence en inglés- del BEI, según explica la compañía eléctrica.

Unos 71 millones de inversión total

La cuantía total de la inversión de la filial de Enel en los nuevos negocios ligados a la recarga de vehículos eléctricos -denominados e-city, e-mobility y e-finance-, por lo tanto, es de unos 71 millones, y la entidad financiera europea le otorgará el máximo permitido del 50%.

De acuerdo con los datos de Anfac, en la actualidad hay unos 7.200 puntos de recarga públicos. Endesa ha emitido hoy una nota de prensa en la que apunta que tiene 1.500 puntos en marcha, acordados y en fase de instalación, de modo que avanza según lo previsto, y ratifica la consecución del objetivo de tener 2.000 puntos a disposición del público a final de año.

Josep Trabado, director general de Endesa X, ha señalado que a pesar de la pandemia, "seguimos trabajando duro, adaptándonos a las circunstancias, para cumplir nuestro compromiso de tener un cargador cada 100 kilómetros al acabar el año en las vías principales". 

Los nuevos puntos, especifica la compañía, son de tres tipos: ultrarrápidos (350 kW), destinados a grandes vías, porque permiten cargar suficiente electricidad para recorrer 100 kilómetros en tres minutos; rápidos (50 kW), que ofrecen la misma autonomía en 20 minutos, destinados a las carreteras; y semirrápidos (22 kW) en zonas urbanas, que tardan 45 minutos.

Otros 100.000 puntos privados

La filial de Enel también anunció en 2018 la previsión de instalar unos 100.000 puntos de recarga de índole privada entre 2019 y 2023, en aparcamientos residenciales y corporativos. Estas instalaciones, no obstante, se van materializando a demanda y coste de los clientes, según la evolución del mercado, que avanza más despacio de lo previsto.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del Gobierno (PNIEC) aspira a tener circulando unos cinco millones de vehículos eléctricos por el país en 2030, para lo que se necesitarán alrededor de 100.000 puntos de recarga públicos. El Gobierno quiere que las gasolineras instalen puntos rápidos de 50 kW con carácter obligatorio tras la aprobación de la Ley de cambio climático y transición energética.