La construcción pide al Gobierno que ordene la paralización de las obras

Las grúas siguen a pie de calle y en pleno rendimiento a pesar de que el país se encuentra en estado de alerta. Esta situación, que sí ha supuesto el cierre de otros negocios, no supone, sin embargo, la paralización de las obras públicas o privadas que estén en marcha y desde las constructoras advierten de que esta situación pude suponer un "importante riesgo" a su viabilidad.

Según explican a elEconomista distintas empresas del sector dedicadas al negocio residencial "la situación puede llegar a un punto irreversible para nosotros en el caso de que por falta de mano de obra o de materiales nos veamos obligados a paralizar las obras, ya que eso supondría incumplimiento del contrato". Por eso, desde el sector esperan que el Gobierno tome cartas en el asunto y les respalde imponiendo el cierre de las obras, "lo que sentaría las bases para que se pudiera parar nuestra actividad con garantías para los trabajadores y asegurando la viabilidad de nuestro negocio a futuro".

La mayor parte de los contratos entre constructoras y promotoras, explican las mismas fuentes, están sujetos a penalizaciones por incumplimiento de plazo "de entre un 10% y un 20% del costes y además conllevan ejecuciones de avales y garantías y en muchos casos te pueden reclamar daños y perjuicios que el incumplimiento pueda causar al cliente. Con este entorno, no podemos paralizar las obras porque el perjuicio que nos causaría sería absolutamente inasumible".

En este momento los únicos que pueden tomar la decisión de paralizar las obras son el Gobierno si decide suspender las actividades en las obras por que las considera inseguras para la salud de los trabajadores, la propiedad de las obras, o la dirección facultativa, que es la que tiene que garantizar que los trabajos se pueden llevar a cabo con seguridad para los trabajadores. "Estos últimos están alegando que si la autoridad sanitaria no lo impide se debe suponer que no hay peligro siempre y cuando se cumplan las condiciones de seguridad. Es una pescadilla que se muerde la cola", indican desde el sector.

A través de APCEspaña (Asociación de Promotores Constructores de España) las principales empresas del sector solicitaron ayer al Gobierno y, en concreto, al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que clarifique la situación de mantenimiento de la actividad del sector promotor y constructor en los centros de trabajo y en las obras en curso.

Asimismo, recalcaron que "será necesario, llegado el momento, un programa concreto de ayudas económicas y de recuperación de la actividad para el sector y que debe partir del diálogo y la colaboración con todos los agentes del mercado".

Situación de la obra pública

Al igual que la actividad residencial, la obra pública sigue adelante con aparente normalidad, al menos por el momento. Tal y como aclaran desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el real decreto de alarma "no incluye la paralización de las obras", por lo que las constructoras y empresas de servicios han de continuar con los trabajos. En cualquier caso, precisan desde el departamento que dirige José Luis Ábalos, "la empresa contratista tiene que seguir en las mismas las recomendaciones de Sanidad como en todos los trabajos para garantizar la salud de los trabajadores".

Algunas empresas ya han tenido que paralizar obras por su cuenta y riesgo debido al cierre de establecimientos hoteleros y restaurantes

Desde las constructoras esperan instrucciones de los diferentes ministerios con los que tienen obras y contratos de servicios, fundamentalmente de Transportes y Transición Ecológica, así como de los distintos entes públicos (Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Diputaciones...). Algunas empresas ya han tenido que paralizar obras por su cuenta y riesgo debido al cierre de establecimientos hoteleros y restaurantes necesarios para sus trabajadores en aquellos proyectos en los que tienen al personal desplazado. Asimismo, también están teniendo dificultades para recibir materiales. "Tenemos problemas de suministros, por ejemplo, de hormigón, porque hay plantas que han tenido que cerrar al verse trabajadores afectados por el coronavirus", explican fuentes del sector.

En este escenario, y ante el silencio de las Administraciones, las constructoras, en algunos casos, están pidiendo a los directores de obra y a los jefes de Demarcación que ordenen por escrito la paralización de los trabajos o la aplicación de los servicios mínimos en los trabajos de conservación. De este modo, las empresas podrán aplicar, llegado el caso, un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) o tendrán así el derecho para reclamar después los costes indirectos (salarios, dietas, movilidad, etc.) por la paralización. "Si paramos nosotros unilateralmente estaríamos incumpliendo el contrato y tampoco podremos reclamar", advierten las mismas fuentes.