Hacienda retiene 2.000 millones al sector eléctrico para negociar mejor con la UE

El Ministerio de Hacienda retiene unos 2.000 millones de euros que debía haber transferido al sistema eléctrico para cubrir parte de sus costes regulados y evitar agujeros, con la intención de mejorar la posición del Gobierno en la negociación con Bruselas sobre la senda de reducción del déficit público. Contando con los 2.500 millones del IVA de las comunidades autónomas correspondientes al mes de diciembre de 2017, que no piensa devolver, la Cartera de María Jesús Montero reserva 4.500 millones.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere que la Comisión Europea le libere del compromiso adquirido por el Gobierno de Mariano Rajoy de reducir el déficit público al 0,5% del PIB este 2020 y le permita elevarlo hasta el 1,1% del PIB. Lo tiene difícil, porque los técnicos europeos calculan que el déficit real será del 2,3% este año y está tratando de que la foto presupuestaria del país sea lo más bonita posible.

Con esta situación, Montero ya ha anunciado -el martes, tras el Consejo de Ministros-, que no va a devolver los 2.500 millones que adeuda a las comunidades autónomas por el IVA de diciembre de 2017, y está reteniendo otros 2.000 millones del sistema eléctrico, correspondientes a impuestos energéticos, a la recaudación de las subastas de CO2 -establecidos por la Ley 15/2012- y a la mitad de los costes de la luz en las islas, mucho más caros que en la península. Estas transferencias al sistema eléctrico superaron los 3.850 millones en 2018, último ejercicio cerrado.

Déficit de 2.208 millones

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado recientemente la situación de las cuentas eléctricas hasta noviembre del año pasado -las últimas disponibles-, y sobre unos costes de 16.100 millones, los ingresos se han quedado en 13.892 millones. El déficit resultante, de 2.208 millones, es un 86% más elevado que en el mismo mes de 2018.

Es normal que haya un decalaje entre los costes y los ingresos del sistema eléctrico porque los primeros no se cubren hasta que no se cobra a los consumidores, Hacienda aporta su parte y se hacen los correspondientes pagos. Esta diferencia genera un déficit temporal que se va reduciendo según avanza el año y que no termina de ajustarse hasta la liquidación definitiva, en octubre del año siguiente.

La CNMC publicaba mensualmente el desglose de esta evolución, de forma que podía conocerse el ritmo de afluencia de las transferencias de Hacienda, pero dejó de hacerlo en marzo, porque la elaboración de la nueva normativa sobre los sectores del gas y la electricidad -acaba de remitir al Consejo de Estado la propuesta de Circular para calcular los peajes del gas- le ha dejado sin recursos humanos suficientes para seguir redactando el correspondiente documento, según apunta el organismo, que no facilta más datos.

Apagón informativo

Este apagón informativo y el volumen del déficit temporal de este ejercicio ha hecho que las empresas eléctricas con actividades reguladas, como las distribuidoras o las generadoras con renovables, miren a Hacienda con recelo, sospechando que es responsable de que empiecen a tener problemas para pagar a trabajadores y proveedores, puesto que no cobran hasta que la CNMC recibe los fondos y hace las liquidaciones.

Sin embargo, en el último informe de Ejecución de presupuesto de gastos del Estado, la Intervención General informa de que hasta noviembre de 2019 Hacienda le ha ingresado a la CNMC 554 millones menos que en el mismo mes de 2018 procedentes de los impuestos energéticos y las subastas de CO2. Acudiendo a la liquidación de la CNMC de ese mes puede leerse que los pagos habían sido de 2.120 millones, de modo que la Cartera de Montero sólo ha liberado 1.566 millones. Como en todo 2018 los ingresos derivados de aplicar la Ley 15/12 ascendieron a 3.240 millones, todavía le quedarían por librar más de 1.650 millones.

El mismo documento señala que esa merma está parcialmente compensado con un aumento de los pagos por los extracostes de generación en las islas de 56 millones. Nuevamente acudiendo a las liquidaciones de la CNMC, resulta que en noviembre de 2018 solamente se habían obtenido unos 800 millones, sobre un coste total de 1.560 millones, que se reparten al 50% los consumidores y Hacienda. El Regulador no desglosa ambas partidas, pero como los consumidores pagamos religiosamente en el recibo mensual, el grueso de lo que falta, más de 500 millones, le corresponden a Montero.

No se pueden extrapolar directamente los datos económicos de 2018 a 2019, sobre todo porque el año pasado se registró una reducción de la demanda eléctrica del 3%, que mermará los ingresos regulados del sistema, pero el orden de magnitudes será similar; puede afirmarse que Hacienda -que no ha respondido a las preguntas de elEconomista- retiene alrededor de 2.000 millones. Montero no comete una ilegalidad, puesto que puede abonar su parte hasta que se cierre el ejercicio, el próximo octubre; ya lo hizo en 2018, abonando 673 millones en el último minuto.

Feijóo pleiteará por el "hurto" del IVA

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que su Gobierno "agotará todas las posibilidades en el ámbito judicial" para "defender a Galicia", de modo que denunciará en los tribunales al Ejecutivo de Pedro Sánchez al objeto de que le pague la deuda de 200 millones derivada de la mensualidad del IVA de diciembre de 2017, retenida por Hacienda.

Feijóo ha calificado esta retención de "hurto institucional". De acuerdo con los cálculos del Gobierno autonómico gallego, tras el pago de las entregas a cuenta pendientes, el Gobierno central del Estado le debe 370 millones, 200 millones del IVA y otros 170 millones del cumplimiento de las reglas de estabilidad financiera.