BBVA provoca malestar judicial al no entregar todo el informe sobre Villarejo

La colaboración de BBVA con la Justicia para esclarecer la contratación del excomisario José Manuel Villarejo está dejando mucho que desear entre los investigadores del caso, según informan fuentes jurídicas. La documentación aportada por la entidad azul al magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón es incompleta -según las mismas fuentes- hasta el punto de que el juez no dispone del informe forensic íntegro.

BBVA inició en mayo de 2018 (fecha en la que se conoció que contrató a Villarejo para espiar a la asociación de consumidores Ausbanc) una investigación interna sobre lo ocurrido. Una vez que en enero de 2019 saltó el escándalo de las escuchas masivas a miembros del Gobierno de Rodríguez Zapatero y relevantes empresarios, el banco encargó la investigación forensic a la consultora PwC y los despachos Garrigues y Uría Menéndez. Sin embargo, aunque la entidad desde este verano ha compartido con la justicia alguno de los hallazgos relevantes (como decenas de correos electrónicos del exjefe de Seguridad de BBVA, Julio Corrochano que le implican directamente en la contratación del excomisario), no da las suficientes explicaciones que le requiere la Justicia.

De hecho, ante la falta de respuestas, la investigación pone ahora en su foco a PwC, para que los representantes de la consultora expliquen tanto de forma oral (lo que podría suponer que el juez le cite a declarar en los próximos días) como a través de documentos lo que BBVA no explica.

El 10 de enero de 2019 es el día que saltó a la prensa el escándalo de espionaje protagonizado por BBVA

La falta de información del banco respecto al presunto espionaje que llevó a cabo a través de Villarejo entre 2004 y 2017 no solo provoca malestar en el ámbito judicial, sino también en el Banco Central Europeo (BCE). El organismo supervisor ha tenido que solicitar al magistrado la información que BBVA ha aportado la causa sobre la investigación interna, puesto que la entidad se negó a entregársela amparándose en el secreto de sumario.

La institución que preside Christine Lagarde ya adelantó este verano que si la Justicia imputa a BBVA como persona jurídica iniciaría una investigación sobre la idoneidad de los altos cargos del banco para seguir al frente del mismo, hecho que indirectamente supone que podría exigir cambio en la cúpula si así lo considera. Sin embargo, la falta de información al respecto le impide indagar en el caso.

Colaboración cuestionada

BBVA ha asegurado desde un primer momento que siempre ha colaborado y colaborará con la Justicia. De hecho, a diferencia de la mayoría de directivos y exdirectivos de la entidad imputados en la trama, el representante legal de la entidad, Adolfo Fraguas, sí compareció ante el magistrado cuando el banco fue citado como imputado por cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios. Sin embargo, a pesar de que la declaración se alargó durante tres días, el descontento por la escasa información que aportó a la causa se hizo manifiesto, puesto que el banco se limitó a repetir lo incluido dentro del informe forensic, según informaron en su día fuentes cercanas al caso.

La causa por espionaje ya suma catorce imputados vinculados con BBVA, incluido el propio banco. Este verano, en una primera tanda, el juez citó como invstigados a Ángel Cano, exconsejero delegado de la entidad; Julio Corrochano, exjefe de Seguridad; Ignacio Pérez Caballero, director de red de banca comercial del banco en España; Javier Maragón Navas, exinterventor general del banco; Antonio Béjar, exresponsable de la Operación Chamartín; Ricardo Gómez Barrero, exdirector de contabilidad y supervisión y actual consejero de la filial turca; Inés Díaz Ochagavia, jefa de Seguridad de la entidad y Nazarío Campo Campuzano, jefe de equipo de Seguridad Corporativa de BBVA. Este otoño también imputó al expresidente del banco, Francisco González; al asesor de presidencia de la entidad, Juan Asúa; al exdirectivo de servicios jurídicos, José Manuel García Crespo y Eduardo Ortega, aún diectivo de servicios jurídicos; y al exdirector de Regulación y Control Interno, Eduardo Arbizu.

De estos, Francisco González declaró ante el magistrado y Antonio Béjar, éste último quien desde un principio mostró su disposición a colaborar con el juez en el caso y ha sido citado en varias ocasiones para ayudar en la causa. De hecho, su cese de la presidencia de Distrito Castellana Norte coincidió con su voluntad a colaborar.