Sacyr prevé recibir 167 millones este año por el arbitraje del Canal de Panamá

Sacyr y sus socios con los que construyó el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá han elevado el importe que esperan obtener por el arbitraje del basalto cuya resolución se prevé para comienzos del segundo semestre de este año. Así, de lograr un laudo favorable, el ingreso neto para Grupos Unidos por el Canal de Panamá (GUPC), el consorcio que ejecutó los trabajos, alcanzaría, según sus estimaciones, los 186 millones de dólares (167 millones de euros al cambio actual). Esta cantidad representa un incremento del 80% con respecto a los 92 millones de euros que preveía hace un año, según consta en las memorias anuales de 2019 y 2018 de la Autoridad del Canal del Panamá (ACP).

La demanda de GUPC en el arbitraje relativo a la ausencia de basalto y la composición del hormigón, que se dirime en la Corte de Arbitraje Internacional de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en Miami, asciende a 463,9 millones de dólares (415,4 millones de euros). Sacyr y sus socios, la italiana Salini Impregilo y la belga Jan de Nul (la panameña Cusa queda al margen), esperan recuperar de la ACP un total de 430,29 millones de dólares (385 millones de euros), frente a los 347 millones de dólares (310 millones de euros) de 2018.

De esta cantidad, no obstante, la ACP ya abonó 244 millones de dólares (218 millones de euros) tras la decisión de la Junta de Resolución de Conflictos (DAB, por sus siglas en inglés) en diciembre de 2014. Por tanto, el saldo neto para los constructores ascendería a los 167 millones de euros referidos. A Sacyr le corresponderían más de 50 millones de euros.

La ACP, por su parte, demanda, precisamente, la devolución de estos 244 millones de dólares y otras cantidades hasta totalizar 265,3 millones de dólares (237,5 millones de euros). En caso de que la Corte dé la razón a las autoridades panameñas el impacto para GUPC sería de menos de 20 millones de euros.

La audiencia de cierre de este arbitraje se llevó a cabo el 12 y 13 de octubre de 2019 y se espera el laudo para principios del segundo semestre de 2020. Se trata de menos de la décima parte del total de las reclamaciones presentadas por GUPC, que al cierre de 2018 rebasaban los 5.200 millones de dólares (4.750 millones de euros). Ahora bien, su relevancia, más allá del significativo volumen monetario de la disputa, reside en que el resultado del mismo "marcará" una tendencia con el resto de arbitrajes, "porque es la causa en la que se basa la mayoría de ellos", según afirmó en junio pasado el presidente de Sacyr, Manuel Manrique.

"El basalto es la piedra angular de todo", dijo el directivo, quien se mostró optimista sobre el resultado de los arbitrajes. "Ahora solo contemplamos el escenario positivo de recuperar, mediante entrada en caja, una parte, esperemos que relevante, de las reclamaciones que tenemos en la Corte de Arbitraje de Miami", abundó entonces.

Eleva otro arbitraje

Al margen de este arbitraje, GUPC ha elevado el importe que reclaman por el de las compuertas y sobrecostes laborales, desde 593,9 millones de dólares (543 millones de euros), hasta 780 millones de dólares (698 millones de euros). Por el arbitraje de los costes de interrupción y otros demanda 2.970 millones de dólares (2.714 millones de euros). La resolución de estos dos procesos se prevé para 2022 o 2023.