Empresas y finanzas

A la espera de que se detallen las reglas de la transición energética

  • La reforma de la CNMC está resultando más suave de lo planteado originalmente
Imagen: Archivo

Tomás Díaz

Las empresas del sector de la energía están a la espera de que un Gobierno con plenas facultades promulgue la normativa de detalle del proceso de Transición Energética y de que culmine la revisión regulatoria en curso de la CNMC.

El Gobierno aprobó el pasado mes de febrero una propuesta de Marco Estratégico sobre Energía y Clima con tres documentos clave para el desarrollo del sector energético durante las próximas décadas: el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la Estrategia Nacional de Transición Justa y el Anteproyecto de ley de cambio climático.

Sin embargo, la disolución de las Cortes y la interinidad del Gobierno ha impedido que esos tres documentos culminen su tramitación y, lógicamente, que se desarrolle la normativa de detalle ulterior.

Antes de que acabe el año el Gobierno debería publicar y remitir a la Comisión Europea la versión definitiva del PNIEC, el plan para reducir un 30% las emisiones de CO2 del país hasta 2030.

235.000 millones de inversión

Con una inversión asociada superior a los 235.000 millones de euros, establece una hoja de ruta en la que las fuentes renovables crecen en más de 55 GW, las centrales térmicas de carbón desaparecen casi por completo, la nuclear empieza a cerrarse a partir de 2025, a final del período circulan cinco millones de vehículos eléctricos, se rehabilita la envolvente de 1,2 millones de viviendas y se mejora la eficiencia de 300.000 viviendas al año, aumentan las interconexiones...

La Estrategia de Transición Justa, por su parte, persigue la protección de las regiones y sectores más afectados por la Transición, como las que dependen de las centrales térmicas de carbón.

El Gobierno prevé dedicarle unos 600 millones y hace unas semanas aprobó por la vía de urgencia un Real Decreto-ley que le habilita a regular el destino de las concesiones de agua y de los accesos a red de las centrales térmicas o nucleares que cierren.

Y respecto a la Ley de cambio climático... El borrador levantó un gran revuelo porque establece que los vehículos vendidos tengan cero emisiones a partir de 2040 -en la práctica prohíbe los motores de combustión-, pero son muchos las disposiciones que incluye y que deben desarrollarse, como las subastas para las renovables, que un 20% de los Presupuestos Generales del Estado contribuyan a frenar el calentamiento global o la integración del riesgo climático en la regulación.

A la espera de que todo esto se concrete, las empresas se han lanzado masivamente a invertir en nuevas renovables y en descarbonizar sus negocios -donde destaca la apuesta de las petroleras sobre las refinerías-, pero la falta de regulación impide un desarrollo más potente.

Cerrar la reforma de la CNMC

El segundo gran frente para 2020 es la culminación de la revisión normativa que acomete la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Después de que el Gobierno le traspasara las competencias para calcular los peajes de los sectores de gas y electricidad, entre otras materias, el organismo ha elaborado 13 propuestas de Circular que plantean importantes recortes a la retribución de las actividades reguladas. Por ejemplo, en el caso de la electricidad, la distribución cobrará un 9,6%menos entre 2021 y 2026 que en la actualidad.

En el caso del gas las propuestas de reducción eran mucho más fuertes, las empresas se han opuesto a ellas con uñas y dientes, y el organismo finalmente ha optado por rebajar el hachazo: el transporte iba a cobrar un 21,8% menos y al final cobrará un 10,5% menos; y en el caso de la distribución, que iba a cobrar un 17,8% menos, ha sacado a información pública una propuesta en la que el recorte se queda en el 9,6%.

Pero la reforma no está acabada, el Gobierno en funciones no puede aprobar su parte y para 2020 se han prorrogado los peajes y cargos de 2019.