¿Por qué el seguro de salud de Muface es solo para los funcionarios?

La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y las aseguradoras Adeslas, Asisa y DKV renovaron la semana pasada por dos años el concierto de asistencia sanitaria a los trabajadores del sector público. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Sanidad

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha facilitado que ese concierto alcance los 2.200 millones, un 5,62% más que el anterior, con el objetivo de aplacar así los ánimos del colectivo, molesto porque no se beneficiará del alza salarial prometida -superior al 1% en 2018- por el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

Montoro, que cree en el modelo de Muface, defiende el ahorro que puede conseguir si se gestiona de manera adecuada. Y es que, según los cálculos de las aseguradoras, el gasto per cápita de la población cubierta es inferior al gasto sanitario público per cápita. Se estima que la prima media de Muface se sitúa en 827 euros anuales por asegurado, con el gasto sanitario público per cápita situado ahora mismo en 1.134 euros, lo que supone un ahorro de 307 euros por mutualista para la Administración.

Buena acogida

Llama la atención que este sistema de colaboración entre la Administración y la sanidad privada sea tan bien acogida por funcionarios y sindicatos, cuyos representantes se muestran habitualmente en contra de cualquier participación de las empresas médicas en el sistema sanitario público.

Sin embargo, más de ocho de cada diez miembros de este colectivo elige cada año renunciar al sistema público de salud y ser atendido por los servicios sanitarios privados que las compañías aseguradoras ponen a su alcance. Y eso, aún a coste de retraerles una pequeña cantidad en sus nóminas, cuando el otro sistema lo tendrían gratis.

Actualmente, casi dos millones de españoles están cubiertos por las aseguradoras, entre los funcionarios del Estado (Muface), los miembros del Ejército (Isfas) y de la Judicatura (Mugeju). La cuestión es por qué solo el cuerpo de funcionarios puede elegir entre los dos sistemas, cuando se trata de una cobertura financiada por el Estado, al igual que el Sistema Nacional de Salud.

Si las cuentas cuadran para dar este servicio a los funcionarios deberían serlo también para el resto de la población o, al menos, para otros colectivos. Se trata, al menos, de una clara discriminación para aquella población de españoles, que ya alcanza los 10 milllones, que paga un seguro médico privado y, a la vez, sustenta con sus impuestos la sanidad pública del resto.