Sin consensos a la vista para el plan de recuperación, lo contrario de lo que exige la Comisión

El Gobierno se ha comprometido con la Comisión Europea (CE) a remitir esta semana su plan de reformas, al que se condicionan los 140.000 millones de euros de los fondos comunitarios Next Generation. Ya no será el primer país que cumpla con este trámite como pretendía el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pues Portugal se adelantó el pasado jueves 22.

La Comisión Europea ha hecho hincapié en que las medidas que cada Estado les someta a evaluación vayan avaladas por el diálogo social con los agentes sociales y el resto de administraciones públicas y partidos políticos. España ha cogido el envite y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aclara que el diálogo "juega un papel fundamental para garantizar que este plan de país tendrá el impacto económico perseguido".

Sin embargo, la realidad es que el plan que se remita un día de estos a Bruselas no está precedido de acuerdos, al menos en materia laboral y de pensiones, las que más preocupan a la CE. En lo laboral, la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho que el BOE recogerá las reformas prometidas a Bruselas antes del 31 de diciembre de este año y así se lo ha reiterado la semana pasada al vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombroski.

Yolanda Díaz se ha comprometido con la CE a tener la reforma laboral aprobada este año

Entre los agentes sociales, pero también en el Hemiciclo del Congreso, ven con preocupación las medidas que Madrid va a trasladar en breve a Bruselas. Unos y otros consideran que el documento del Gobierno ata de pies y manos la negociación. Primero la que se está llevando a cabo actualmente en las Mesas de Diálogo Social con empresarios y sindicatos y, posteriormente, la aprobación en las Cortes de esas futuras reformas legislativas.

¿Qué margen de maniobra le queda al Gobierno para cambiar sus propuestas una vez han quedado plasmadas con membrete oficial en un documento remitido a las autoridades comunitarias? Más sobre el plazo: ¿qué posibilidades tiene Yolanda Díaz y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, de conseguir cerrar acuerdos con la oposición y con los agentes sociales en lo que queda de año?

De momento, en las Mesas de Diálogo Social que debaten la reforma laboral y la reforma de pensiones, las cosas no marchan bien. El intento de Escrivá de endurecer las jubilaciones anticipadas castigándolas económicamente o ampliar los años de cotización para calcular la pensión, medidas anunciadas en Bruselas, tienen enfrente a los sindicatos.

Por parte laboral, la decisión de Yolanda Díaz de empezar a negociar la derogación de algunas medidas amparadas en la reforma de 2012, más un cambio de la normativa de las subcontratas, ha puesto a la CEOE en contra. Pero además, la otra gran pata de las medidas laborales comprometidas con Bruselas, una reforma en profundidad de las políticas activas de empleo, también tiene detractores entre los agentes sociales y, muy especialmente, entre las comunidades autónomas, responsables a la postre de gestionar dichas políticas.

Por la parte política, el presidente del PP, Pablo Casado, ha solicitado al Gobierno que Sánchez explique en las Cortes el documento de las reformas antes de remitirlo a Bruselas. Hubiese sido un acierto político.