Economía

Illa se ve obligado a admitir que las decisiones sobre las desescalada solo las avaló con Simón

  • Illa se asigna la responsabilidad por las decisiones tomadas
Salvador Illa. Imagen: EFE

Carmen Obregón

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha visto obligado este jueves a reconocer que el célebre comité de expertos en el que se asesoraba en el Gobierno no llegó a existir, y a que, las decisiones las tomaba él con el aval de Fernando Simón.

Finalmente, al ministro de Sanidad, Salvador Illa, no le quedó más remedio este jueves que admitir que, aquel comité de expertos, que supuestamente ayudó a trazar el Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, es decir, el que establecía los criterios para que las Comunidades Autónomas pasaran de una fase a otra -y cuyos nombres se negó a hacer públicos Moncloa y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, para que "no se vieran presionados" por la opinión pública, y para que pudieran trabajar en total "libertad"-, "no existe".

"No se creó un comité al margen del Ministerio de Sanidad"

Nunca existió. "No se creó un comité al margen del Ministerio de Sanidad", puntualizó su titular en la Comisión delegada que se celebró en el Congreso de los Diputados. El argumento recurrente por Pedro Sánchez en las ruedas de prensa, ponderando a ese comité que asesoraba al Gobierno de España, o como afirmó en otra ocasión, que el pase de una fase a otra de las CCAA, estaba "a juicio siempre de los expertos", no fue real.

Con más detalle, y en explicaciones a los grupos de la oposición, Illa añadió que las decisiones pertinentes de esta fase, y de otras, las tomaba él, "basado en informes técnicos entregados por la directora general de Salud Pública -Pilar Aparicio-y, avalados por el doctor Simón y el grupo de técnicos que tiene trabajando".

Sostuvo Illa que no le duelen en prendas reconocer abiertamente que el Gobierno ha contado con los siguientes grupos de trabajo: un comité científico, cuyos nombres se conocen y se reunían semanalmente con el presidente, un grupo multidisciplinar dirigido por la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, y luego, "como no podía ser de otra manera en un estado democrático -subrayó-, yo tomaba la decisión en base a informes técnicos que me remitía la directora general de Salud Pública y que venían avalados por el director de la CCAES, por el doctor Simón".

Hay que recordar que Fernando Simón fue quien esta semana adujo; "Que Reino Unido nos pida cuarentena, nos favorece. Es un riesgo que nos quitan. Hay que saber combinar la perspectiva sanitaria y económica", agregó.

Decisiones "políticas"

Esta semana, el Gobierno se ha visto obligado a cambiar de guión, una vez que se ha conocido la respuesta que el Defensor del Pueblo ha dado al Grupo Popular. En la última página del texto -al que ha tenido acceso eE- Francisco Fernández Marugán confirma que "no existe ningún comité de expertos encargado de la situación sanitaria de las comunidades autónomas y que decida las provincias o territorios que puedan avanzar en el proceso de desescalada del confinamiento".

La pregunta del PP venía motivada tras la solicitud de que se hiciera público el nombre de los expertos que conformaban un comité de científicos, que a priori decidió, por ejemplo, que Madrid permaneciera en la primera fase, mientras el País Vasco avanzaba una adelante.

La reacción de los partidos en la oposición fue de estupefacción, de enojo frente a la nueva versión del ministro Illa. Han valorado entonces que las decisiones que el resposanble de Sanidad ha tomado han sido "políticas" y no científicas, porque se han sostenido básicamente en los criterios del Gobierno.

Mentira, tomadura de pelo, frivolidad, coartada o caos, estos han sido algunos de los calificativos utilizados para adjetivar la gestión del Ejecutivo durante el mayor repunte del coronavirus.

Y como la Mesa del Turismo, que pidió la dimisión de Fernando Simón por sus palabras sobre las restricciones a Bélgica y Reino Unido, UPN, PP y Cs han instado al Gobierno a la dimisión, cese o control verbal del director de la CCAES.