El fondo Blasket reaparece y pide a Estados Unidos que ejecute nuevos laudos contra España

Blasket Renewable Investments, fondo que el pasado verano saltó a los focos por reclamar el embargo de activos de la empresa pública Aena en Londres, ha solicitado en los juzgados de Estados Unidos que se ejecuten tres nuevos laudos contra España en el marco del pulso que este inversor y otros grupos internacionales mantienen contra el país contra la retirada de las subvenciones a las renovables hace más de diez años. El grupo, representado por el bufete Gibson, Dunn & Crutcher, solicita el pago de hasta 90 millones de euros en distintas disputas sometidas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) con resultado favorable.

De acuerdo a la documentación consultada y fechada el pasado 3 de junio, estos laudos se resolvieron entre septiembre de 2019 y mayo de 2022. Se trata de los laudos bautizados como OperaFund, Steag y Renergy. El fondo argumenta en su escrito que la jurisdicción estadounidense es clave para hacer efectivo el pago de estos laudos: "Los Estados Unidos son parte contratante del Convenio del CIADI y, por lo tanto, están obligados a ejecutar el laudo como si fuera una sentencia definitiva de un tribunal de los Estados Unidos".

Blasket es un fondo que ocupó la agenda mediática en 2023 cuando remitió una carta al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le instaba a negociar por los "impagos en el CIADI", según adelantó El Mundo. El verano pasado volvió a la carga y envió una notificación prejudicial dirigida a la entonces vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, avisándole de que iniciaría un procedimiento de default técnico ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales.

Otras fuentes explican que España cuenta ya con más de 50 casos relacionados con la retirada de primas a las renovables en 2013, buena parte de ellos con laudos del CIADI que el Gobierno de Sánchez se resiste a pagar. A la espera de nuevos acontecimientos, las mismas voces recuerdan que España sí pagó 32 millones de euros correspondientes al laudo del japonés JGC Holdings Corporation el mes pasado, pero no está manteniendo la misma postura en todos los frentes.

Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica recuerdan a este periódico que los arbitrajes de renovables entre inversores internacionales son resultado de las decisiones del anterior Gobierno del PP y que el actual Ejecutivo aprobó medidas compensatorias en 2019 que han frenado las reclamaciones y han conseguido al mismo tiempo que las indemnizaciones reconocidas por los árbitros sean menores. Afirman también que la gran mayoría de los laudos están en manos de "fondos buitre" especuladores que han adquirido los derechos a los demandantes originales -Blasket, por ejemplo, compró el laudo de JGC- y que España ha conseguido reducir en un 85% el importe demandado por los inversores internacionales y sigue defendiendo los intereses nacionales en los tribunales.

La petición de Eurus

La nueva petición de Blasket ha coincidido casi en el tiempo con otra muy similar del grupo Eurus Energy Holdings Corporations, filial energética de Toyota, que también se ha presentado en los mismos tribunales estadounidenses el pasado 16 de junio siendo representado por el despacho Gibson, Dunn & Crutcher.

Su reclamación es mayor que la de Blasket y asciende a 106 millones de euros, a los que hay que sumar intereses por demoras. Su pulso con el Ejecutivo se remonta a 2016, año en el que se acogió al Tratado de la Carta de la Energía contra España para defenderse de la reforma del sector de las renovables. La contienda ante el CIADI se resolvió en noviembre de 2022 de manera favorable, después de que esta institución del Banco Mundial y con sede en Washington entendiera que la retirada de las primas a las inversiones en energías verdes es una medida contraria al Tratado de la Carta de la Energía.