El Santander sella la paz con Portugal y recibirá 500 millones por los atrasos

Lisboa y el Santander cierran una disputa que les ha enfrentado durante cuatro años largos en los tribunales por un crédito. En virtud del acuerdo, sellado finalmente fuera de instancias judiciales, el Gobierno luso abona de forma inmediata unos 500 millones de euros al banco para ponerse al corriente de la deuda y el Santander actualiza la financiación origen del conflicto con unas condiciones ventajosas. Se resuelve con un préstamo de 2.300 millones a un interés del 1,8% y repagable a quince años.

El coste de la nueva operación se reducirá en un 36,8% frente al previo, tal y como destacó este miércoles el Ministerio de Finanzas del país vecino. Dicha rebaja equivale, a la postre, a un ahorro de 442 millones para el país en costes financieros e intereses aplicados. Según el Diario de Noticias luso, el Estado acabará pagando al final al banco unos 1.700 millones por el crédito, con los retrasos y los costes futuros de la línea renegociada ahora.

Hasta 1.700 millones

La disputa tiene su origen en nueve contratos de swaps suscritos por cuatro empresas públicas -las gestoras del Metro de Lisboa y de Oporto y las sociedades gemelas de los autobuses y los tranvías de ambas ciudades- entre los ejercicios 2005 y 2007. Con la cobertura de derivados buscaban blindar el coste financiero frente a una eventual escalada del tipo de interés, encontrándose con que el inesperado derrumbe del euríbor causaba quebrantos millonarios inesperados.

Las empresas dejaron de atender las letras devengadas por la financiación -con las que se supone que se pondrán al corriente al desembolsar los 500 millones citados- en el año 2003, hasta ahora. Su decisión se tomó a instancias del Ministerio de Finanzas, que calificó de abusivas las condiciones del préstamo, frente al interés negociado defendido desde ese momento por el Santander. El impago lleva a que se eleve el conflicto al tribunal británico High Court of Justice, elegido por ambas partes, que dio la razón en marzo del pasado año sobre siete de los nueve contratos originales y consideró que el contrato era válido y obligaba a su cumplimiento a las empresas públicas. La Corte de Apelación se reafirmó en esta tesis a finales del 2016 y, si bien, el gobierno luso amagó con recurrir al considerar que no es asunto competencia de un tribunal internacional, al final ha llegado al acuerdo que zanja el conflicto.

No hay una cuantía oficial sobre el dinero que se encontraba en juego realmente, salvo una estimación de la Agencia de Gestión de Hacienda y Crédito Público que cifraba la disputa en 1.384 millones de euros. Los 1.800 o 1.700 millones con que se especulaban en conjunto incluirían otros costes de los contratos y los judiciales. El acuerdo estipula el reparto entre el banco y las empresas de transporte de la factura de las citadas costas, lo que equivaldrá a un ahorro para estas compañías de 50 millones, según cálculos facilitados el miércoles por el Ministerio de Finanzas portugués.

Se archivan los juicios

El acuerdo acaba con su judicialización con el compromiso de banco y Ejecutivo a desactivar los procesos vivos, en Portugal y Reino Unido, y no volver a pleitear. El Totta renuncia a indemnización alguna -lo peleaba en instancia lusa-, mientras que las empresas públicas se obligan a dar cumplimiento a la sentencia de la Corte de Londres que fijó que los contratos eran válidos.

El anterior Ejecutivo luso se resistía a aplicar el fallo condenatorio por temor a que la factura diese una dentellada abultada al presupuesto, cuando su prioridad, a instancias de Bruselas, era reconducir y rebajar el déficit público, algo que obligó a aplicar severas políticas de austeridad en el país.

El desembolso que le tocará encarar de forma inmediata para poner el contador a cero del polémico crédito -alrededor de 500 millones- no debería introducir grandes tensiones en el Erario. Según la prensa lusa, las gestoras de transporte tienen hucha porque habían provisionado esta contingencia.