El Gobierno lanza una consulta pública para intentar condicionar la opa de BBVA a Banco Sabadell

El Gobierno lanzará una consulta pública a la ciudadanía y las organizaciones empresariales antes de pronunciarse sobre la opa del BBVA al Sabadell. La consulta no vinculante se aprobará este martes en el Consejo de Ministros según ha anunciado el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, durante la inauguración de la reunión del Cercle d'Economia, pocos días después de conocerse el dictamen favorable de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

"Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan. Que ganen volumen y competitividad. Pero siempre y cuando eso beneficie al interés común del país y los ciudadanos", ha manifestado Sánchez. El líder socialista ha recordado que la CNMC ha detectado algunos "excesos de concentración en medios de pago y depósitos y crédito a particulares y pymes" perjudiciales para el mercado.

Fuentes empresariales consultadas ven con una brizna de esperanza el movimiento del Gobierno, al entender que podría servirle para condicionar o, incluso, hacer descarrilar la operación de concentración. Dado que las patronales y gremios se han manifestado durante el último año en contra de la compra del Sabadell, se espera que el resultado de este plebiscito sea un cúmulo de críticas contra la concentración bancaria. Este rechazo podría ser usado por el Ejecutivo para justificar la exigencia de nuevas condiciones a la operación, basándose en el artículo 10 de la Ley de Defensa de la Competencia.

Tanto el presidente como el consejero delegado del Sabadell, Josep Oliu y César González Bueno, respectivamente, se hallaban presentes en el auditorio cuando Sánchez ha anunciado el lanzamiento de la consulta pública. Oliu se ha mostrado "positivo" a la salida de la jornada, en declaraciones a los medios y Torres expresó el "máximo respeto" a las decisiones de las autoridades.

Este mismo lunes, la patronal Foment del Treball ha pedido al Gobierno que "paralice" la concentración bancaria, que a su juicio recortaría en 70.000 millones el crédito disponible para las pymes.

Fuerte oposición patronal

La transacción ha tropezado con una fuerte oposición en organizaciones empresariales, especialmente entre las asociaciones de pymes y en regiones como Cataluña, Asturias, Valencia y Galicia que, en muchos casos, han acudido a la Audiencia Nacional para exigir que la CNMC les escuchase, ya que el organismo rechazó la solicitud de personación de todas las asociaciones interesadas —salvo la de Banco Sabadell— para evitar que el proceso resultase inmanejable y se eternizase su resolución.

El organismo liderado por Cani Fernández dio el visto bueno por unanimidad a la resolución el pasado miércoles después de casi un año de análisis —recibió la notificación de la operación el 31 de mayo y el 12 de noviembre llevó el expediente a un escrutinio superior (Fase II)— y después de incrementar en hasta seis ocasiones los compromisos ofrecidos por BBVA. Se habían anunciado dos votos particulares por parte de un consejero ligado al PSOE y otro a Junts, que se retiraron después de que el grupo vasco aceptase nuevas garantías entre las que figuran un blindaje superior para las pymes de ambos bancos en Cataluña —cubrirá todo el crédito otorgado por BBVA y Sabadell si supone, al menos, el 50% de su financiación—.

El partido de Carles Puigdemont salió en defensa de su consejero por lograr amarrar mayores garantías para las pymes de Cataluña y Baleares, y por lograr incluir que la operación supone un grave perjuicio para las compañías en la región, surtiendo así y según su explicación, la vía para que el Gobierno pueda entrar en tumbar la operación.

El inesperado e insólito anuncio de Sánchez no altera el calendario previsto a corto plazo. La CNMC remitió su dictamen al Ministerio de Economía, que ahora dispone de 15 días hábiles para decidir si le da traslado al Consejo de Ministros o avala la resolución sin mayores cambios. El registro de ese documento se ha efectuado este lunes, de forma que el plazo de 15 días se cumpliría el día 27 por ser el día 15 festivo en Madrid.

La consulta anunciada por Sánchez es atípica. Nunca antes se había utilizado un recurso así antes de decidir sobre una operación de concentración empresarial y ni siquiera está contemplado en la normativa, aunque utilizará un procedimiento muy rodado en consultas públicas antes de elaborar una normativa.

Se espera, por tanto, que esté abierto a cualquier interesado —particular, asociaciones corporativas, de consumidores, sindicatos, etc.— a través de la página web del ministerio de Economía. Además de cumplimentar el formulario, los interesados podrán expresar las observaciones y preocupaciones que consideren de "interés general", aspecto este que justificaría que se eleve el informe al Consejo de Ministros.

En paralelo, Economía realizará la consulta que sí se encuentra reglada para este tipo de procedimientos con otros ministerios a los que básicamente pregunta si la operación reviste riesgos para el interés general y recaba como respuesta el sí o no necesario para decidir si la remite al Consejo de Ministros. Fuentes de Economía explican que todo se hará dentro de los 15 días reglados para cumplir el calendario en la parte que les corresponde.

La expectativa de BBVA era poder marcharse de vacaciones con el canje hecho y durante la reciente presentación de resultados, su consejero delegado, Onur Genç, juzgó, de hecho, que sería "muy mala noticia que todo esto se tuviese que alargar más allá de julio" cuando el proceso se inició hace ahora un año.

El Consejo de Ministros contará a su vez con 30 días para analizar la transacción y decidir si cambia, añade o confirma los remedies fijados a BBVA por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para entrar en la transacción el Ejecutivo tiene que argumentar problemas de interés general y diferentes a los de competencia, que han sido analizados y sancionados por la CNMC. El propio Sánchez invocó hace meses la necesidad de garantizar la "cohesión territorial" ante la nueva concentración bancaria. La suma de BBVA-Sabadell no gestaría el mayor banco del país —esa posición la ocupa CaixaBank—, pero sí daría una vuelta de tuerca a la concentración del sector, sobre todo, en el negocio con pymes donde hay pocos especialistas y en la actividad de pagos, con los terminales puntos de venta (TPVs).

Reducción de jornada y financiación

El presidente del Gobierno también ha anunciado que este lunes se ha aprobado la concesión de 53 millones de euros en ayudas para el desarrollo de sistemas tecnológicos avanzados y semiconductores, en el marco de la segunda convocatoria del Perte Chip. Estos proyectos —16 de ellos ubicados en Cataluña— movilizarán más de 100 millones en inversión público-privada para un sector estratégico.

Por otro lado, Sánchez ha aprovechado la presencia entre el público de las principales organizaciones empresariales catalanas (Foment del Treball, Pimec, Cecot y la Cámara de Comercio de Barcelona) para pedir su apoyo a la reducción de la jornada laboral.

El jefe del Ejecutivo ha presentado esta medida como una "demanda social" que "contribuirá a mejorar la productividad y la estabilidad de nuestra fuerza trabajadora y, por tanto, a que nuestras empresas sean mejores".

"Por eso pido a las patronales española y catalana que no se cierren a esta iniciativa", ha declarado.

Respecto a la financiación autonómica, Sánchez no ha avanzado novedades, pero se ha comprometido de nuevo con las medidas incluidas en el pacto de investidura entre PSC y ERC. Entre otras cuestiones, esta alianza incluye la ampliación de competencias de la Agencia Tributaria de Cataluña, que en la próxima campaña del IRPF colaborará con la Agencia Tributaria Estatal.