Los abogados dudan de que Moncloa pueda indemnizar a las aseguradoras por Muface

Óscar López intenta salvar Muface a la desesperada. El todavía ministro de Función Pública, que pronto pasará a ser el máximo representante del PSOE en la Comunidad de Madrid, busca dejar su cargo con un acuerdo en la mutualidad de los funcionarios y que los más de 160.000 empleados públicos que optan por esta opción en la región sigan pudiendo tener su atención sanitaria con su seguro habitual.

Para ello, el Gobierno ha deslizado a las aseguradoras la posibilidad de indemnizarlas por las pérdidas sufridas en el concierto entre 2022 y 2024 que, según confirmaron fuentes a este periódico, fueron de 429 millones, aunque ahora las entidades lo cifran en casi 500 millones.

Pero, ¿cuál es la viabilidad de todo esto? Según los expertos en Derecho, el recorrido legal de las intenciones del Ejecutivo de resarcir los números rojos de las compañías y tratar así de convencerlas es muy escaso. Las aseguradoras, como Asisa, que hizo una consulta a la Administración sobre este asunto para la oferta del Gobierno hasta 2027, se acoge al apartado 8.7.3 de los pliegos de la licitación, en la que, a resumidas cuentas, habla de que Muface podrá "reestablecer el equilibrio económico-financiero del concierto cuando la entidad lo solicite por riesgo imprevisible".

Todo ello bajo estos supuestos que se deben cumplir: un cambio extraordinario de las circunstancias en el momento de ejecutar el contrato; un aumento sustancial de la onerosidad como consecuencia de esos cambios; y la inexistencia de medios alternativos para evitar el desequilibrio". Las compañías se acogen a la inflación que España soportó en el momento del contrato, así como el aumento de la frecuencia de uso o la aparición de una pandemia, como la del Covid-19, y la Administración, en su contestación, los da como "supuestos tasados".

Sin embargo, la fórmula jurídica que habla de todo esto es el rebus sic stantibus, una cláusula mediante la cual "se pueden revisar los contratos si ocurren circunstancias nuevas que alteren las condiciones que había cuando entraron en vigor", explica Luís García Ordóñez, director del área financiera y consultoría de seguros en KPMG a este medio.

Pero, para la aplicabilidad de la misma, se exige, como punto de la alteración de la situación, "que el contrato sea irrealizable", argumenta Ordóñez, cosa que no se ha dado ya que las tres compañías siguen prestando los servicios de seguros. Precisamente es esta prestación otra de las razones que esgrime el representante de KPMG: "Las aseguradoras gestionan riesgos, no dan servicios. Cuando Muface ofrece unas primas, las entidades tienen que analizar, entre otras cosas, la frecuencia en las visitas a médicos y especialistas, y si han aceptado a pesar de que las condiciones eran deficitarias es su problema", afirma.

Desde el despacho AGM, Sergio López también duda de la viabilidad tanto de que el Gobierno ofrezca esa indemnización como moneda de cambio como de que las propias aseguradoras lo reclamen: "El resultado favorable para ellas es bastante complejo", explica. Además, incide en que "los instrumentos (aunque limitados) que prevé la ley para tratar de reestablecer los posibles desequilibrios económicos entre las partes tendrían que haber sido ejercitados ante el órgano de contratación durante la ejecución del contrato".

Por lo que al Gobierno se le acaban las vías para salvar este segundo intento por Muface y, salvo sorpresa de que haya algún caballero blanco que acuda junto a Asisa –que aún se lo está pensando–, a López solo le quedará una nueva licitación.