Moncloa busca una aseguradora 'in extremis' que acompañe a Asisa en Muface

La crisis de Muface parece no tener fin. El Ministerio de Función Pública, con Óscar López a la cabeza, busca resolver este conflicto que heredó con la llegada a su puesto tras la marcha de Escrivá al Banco de España, pero hasta el momento no ha sabido dar con la tecla para encontrar un equilibrio entre un gasto público limitado y conseguir convencer a las aseguradoras de que continúen en el modelo. Para ello, aprobó ayer por la tarde un aumento del plazo in extremis del plazo para que las aseguradoras presenten ofertas, buscando que otra entidad acompañe a Asisa.

No obstante, en este tiempo, ha pasado de todo: algo inédito como que el concierto de Muface se quedara desierto por primera vez en la historia, así como que sea el propio Ejecutivo quien pregunte a las aseguradoras qué es lo que necesitan para acudir al contrato. Un cambio de discurso en el que López ha pasado de imponer las condiciones a ser las entidades las que tengan la sartén por el mango. Mientras, más de un millón de personas siguen en vilo, siendo los más perjudicados. Así lo denuncian los sindicatos, que exponen que los pacientes están viendo como se les anulan citas para todo tipo de revisiones y pruebas.

En marzo inician las conversaciones

Ya en el primer trimestre de 2024 saltaron los primeros rumores. Las compañías comenzaron el año exigiendo un incremento en las primas del 50% para el próximo concierto, así como establecer una relación de una brecha máxima del 20% entre el gasto per cápita público y la mutualidad. Esta última ha sido una reclamación que ha ido cogiendo fuerza con el paso de los meses, ya que ahí es donde las aseguradoras han encontrado el mayor agujero para sus cuentas.

El verano trae la primera cifra oficial: primas un 24% superiores

Tras un verano relativamente tranquilo para las compañías, justo a la vuelta de vacaciones se conoció la primera intención de Muface: incrementar las primas por cada funcionario un 24% en un concierto bianual, hasta 2026. Es decir, suponía la mitad de lo que se deslizó en marzo por parte de las entidades, aunque el contrato volvía a la fórmula de dos años, algo que también reclamaban las compañías para poder corregir los costes inflacionarios que se concentraron en la licitación entre 2022 y 2024.

Con esta oferta estaba conforme Adeslas, aunque exigían que, por ese precio, el contrato fuera anual, según comentaron en exclusiva a este medio. En caso de que la licitación finalizara en 2026, "las pérdidas ascenderían a 130 millones en los dos años", comentaron fuentes de la compañía.

La primera oferta del Gobierno, a la baja: un incremento de primas del 17% en dos años

Aunque realmente, la oferta oficial por parte del Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López, fue por debajo de lo que proponía la propia mutualidad: una subida en las primas del 17,12%, lo que suponía un incremento del 16,5% en el primer año y un 0,62% en el segundo.

El Gobierno sacaba pecho, al ser esta la cuantía más grande jamás ofrecida en Muface, pero el punto de vista de las aseguradoras era totalmente distinto. Estaba por encima del rumor que se escuchó días antes -de un 14% más-, pero muy lejos de lo que las aseguradoras estaban dispuestas a aceptar para continuar ofreciendo sus servicios al modelo.

En ese tiempo, las entidades revelaron algo inédito: las pérdidas que les estaba suponiendo el concierto en el cual estaban sumergidas. Un total de 429 millones de euros de números rojos entre las tres aseguradoras en el trienio. Las pérdidas, no obstante, fueron desiguales, ya que Adeslas posee el 50% de los funcionarios adheridos a la mutualidad. Por ende, la aseguradora propiedad de Mutua Madrileña al 50,01% y de CaixaBank por el monto restante, perdió en el trienio 256 millones, por los 113 de Asisa y los 60 de DKV, la más minoritaria de las tres en cuanto a pacientes.

El primer golpe de las aseguradoras: dejan desierto Muface por primera vez

Pero el primer derechazo de las entidades hacia el Gobierno se produjo cuando en noviembre dejaron desierta la licitación por primera vez en la historia de la mutualidad.

Aquí inició la verdadera crisis de Muface, sobre todo porque los plazos con la anterior licitación ya estaban muy justos. Quedaban menos de dos meses para que finalizara el contrato, y la sanidad de algo más de un millón de personas seguía en el aire, sin adjudicatarias.

A la parte socialista del Ejecutivo, además, le crecieron los enanos en su propio jardín, con las intervenciones de Mónica García, ministra de Sanidad. Una de las voces más reconocidas de Sumar ya habló por entonces de la posibilidad de todos los funcionarios pasaran a la pública a partir de 2025, hecho que alertó a las propias aseguradoras, pero también a López.

Los sindicatos, el impuesto a los seguros y la inédita consulta pública

Avanzaba noviembre y, ante la falta de noticias para una nueva oferta, los sindicatos convocaron movilizaciones por toda España contra la "inacción". A su vez, el Gobierno buscó, en su reforma fiscal, tratar de castigar a los seguros privados de salud, los únicos exentos del Impuesto a las Primas de Seguro (IPS) del 8%, aunque finalmente esta propuesta no llegó a buen puerto. Pero lo más sorprendente fue la rebaja del tono por parte del Ejecutivo, convocando una consulta pública para conocer con detalle las exigencias de las aseguradoras, algo que también ocurría por primera vez.

El "no" de Adeslas y DKV, el trasvase a la pública y una nueva aseguradora

En dicha consulta se deslizó la posibilidad de la fórmula trianual, que finalmente fue una realidad cuando el 17 de diciembre, en el Consejo de Ministros, se anunció un contrato hasta 2027 con un incremento en primas del 33,5%, acercándose a la propuesta de las aseguradoras con un mayor pago por los clientes de mayor edad.

Pero ni por esas. Tanto Adeslas como DKV han rechazado la oferta del Gobierno, y tan solo Asisa puede salvar a los funcionarios de someterse a una tercera licitación, teniendo el anterior contrato prorrogado. El problema para la aseguradora presidida por Francisco Ivorra viene porque acoger 700.000 clientes de golpe supondría un esfuerzo económico para cumplir los requisitos de Muface difícilmente compensables con los 4.000 millones que el Gobierno daría a Asisa en estos tres años.

Se abren, por tanto, tres nuevas posibilidades: que haya una huida de muchos de los asegurados por DKV y Adeslas a la pública para que Asisa fuera capaz de soportar la incorporación de miles de mutualistas; que el Gobierno encuentre a otra aseguradora dispuesta a presentarse -de ahí la ampliación del plazo hasta el 27 de enero-; o la última opción, que pasa por lanzar una nueva oferta, aunque con plazos muy limitados si no se quiere exceder la orden de continuidad, que actualmente es de tres meses.

Pero parece que la segunda opción es la que gana fuerza ante este movimiento de última hora. La oferta sigue siendo la ya conocida, por lo que ni Adeslas ni DKV serán las candidatas. Ahora bien, en vista de la dificultad por parte de Asisa de afrontar sola a 700.000 nuevos asegurados, el Ejecutivo busca al menos un socio para repartir el pastel de Muface y que la mutualidad no desaparezca.