La AEB y la CECA rechazan perpetuar el 'impuestazo' y alertan sobre un impacto de 50.000 millones

Las patronales de banca AEB y CECA han expresado este jueves su "más enérgico" rechazo a la prórroga del impuestazo, alertando de que frenará "la inversión, el crecimiento económico y la creación de empleo en el conjunto de la economía".

"Si se mantiene esta iniciativa, España se convertiría en la única jurisdicción europea con un impuesto permanente de estas características, lo que constituye una desventaja competitiva para las entidades españolas y, por tanto, para el impulso de la economía, en un contexto en el que la banca española es el sector a nivel europeo que más impuestos paga", avisan en un comunicado conjunto.

Según ambas patronales, supondrá "un obstáculo para completar la Unión Bancaria y va en contra de las recomendaciones de instituciones como el Banco Central Europeo (BCE) o el Fondo Monetario Internacional (FMI) que desaconsejan estos impuestos porque desvían recursos que podrían utilizarse para reforzar el capital de los bancos y mantener el flujo del crédito a familias y empresas".

Alertan de que este tipo de tributos tiene "un impacto directo sobre la capacidad de financiación de la economía real y, por ende, en la creación de empleo y en el crecimiento de nuestra economía".

Según sus cálculos, la recaudación prevista del gravamen -este año recaudó unos 1.600 millones de las entidades- acarrea "una merma estimada de 50.000 millones en la capacidad de financiación del sector bancario en España".

El Gobierno fijó una tasa del 4,8% sobre los ingresos por comisiones e intereses de la banca argumentando que las entidades tenían que contribuir a pagar ayudas a los colectivos afectados por la crisis con el beneficio extraordinario generado por la subida de tipos. Además en su aplicación decidió que solo tributasen aquellas entidades cuyos ingresos superaban los 800 millones de euros en 2019, eximiendo a las entidades de menor tamaño y fintech, así como a la banca extranjera aunque opere en España.

Las patronales denuncian que ese argumento de iba a gravar los beneficios "extraordinarios" generados por la subida de tipos del BCE decae y "dicha justificación no tiene vigencia". A su juicio, "la evolución prevista de los tipos de interés no justifica la conversión del gravamen temporal en un impuesto permanente" cuando el BCE ya ha comenzado a bajar los tipos de interés desde el 4,5 al 3,25% -en 75 puntos básicos-, y el euríbor hoy está por debajo de su nivel de diciembre de 2022, cuando se aprobó el gravamen. Según recuerdan, los analistas prevén además que el euríbor siga bajando hacia cotas del 1,75% a finales de 2025.

La banca critica además que la intención del Gobierno de convertir en permanente el tributo, bien vía a través de un decreto ley o con una enmienda al articulado de un proyecto de ley que se encuentre en tramitación en el Congreso, "merma la calidad del debate público e imposibilita que los sectores afectados puedan manifestar su posición sobre normas que afectan a su actividad".