Los tipos y la normativa complican la operativa a las firmas de 'microcréditos' y créditos rápidos

El escenario de tipos altos y el temor a un auge de la morosidad ha metido una fuerte presión a las entidades que ofrecen micropréstamos y préstamos rápidos, obligándoles a revisar o, incluso, replantearse sus posiciones. La decisión de Bank Norwegian de "pausar" los créditos y emisión de tarjetas en España ocurre cuando la entidad de préstamos rápidos Creditea desmonta sus actividades en el país tras ocho años de operativa. Casi al tiempo, la australiana Afterpay, rival de Klarna y especialista en pagos aplazados o el conocido como buy now pay later, decidía el verano pasado cesar la actividad en España, Francia e Italia.

La tensión llega por el abrupto encarecimiento de los recursos que deben fondear para prestar a clientes, lo que ha obligado a los especialistas a, como mínimo, revisitar estrategias para proteger márgenes porque la subida de tipos disparó dicho coste sin capacidad para repreciar el crédito concedido a clientes, ya que se emite a tipos fijos. El grado de presión va por entidades y las más débiles son aquellas sin respaldo de un grupo bancario o que no son establecimientos financieros ante la imposibilidad de captar depósitos de clientes, acudir al interbancario o apoyarse en la matriz para obtener los recursos. Su vulnerabilidad resulta además mayor en aquellas firmas que entraron en el mercado de forma reciente y, para hacerse un hueco, relajaron los criterios de concesión o abrieron en exceso la mano.

El desafío macrofinanciero se añade a diferentes factores que retan al sector. Algunos históricos como la dificultad de arraigar en un mercado tan duro como ha sido tradicionalmente el español por la feroz competencia de la banca. Otros "conocidos" que abandonaron en fechas cercanas o previas a la pandemia son firmas como la maltesa Ferratum Bank o la sucursal de la financiera digital Bigbank también por esa difícil incursión. Y la situación se ha agravado sobremanera al añadir nuevas circunstancias como el fallo judicial sobre WiZink, que consideró usureros los precios de tus tarjetas revolving o las novedades incorporadas con la ley de segunda oportunidad para personas físicas, sin que se hayan implantado herramientas y normativas vigentes en otros países que ayudarían a asentar esta alternativa de financiación como los burós positivos de créditos.

"Se nos ve como esas firmas que están prestando a tipos de interés muy altos y la gente no entiende la problemática que tiene el mercado", lamentan desde el sector. La primera, apuntan, es que "España es un país opaco desde el punto de vista de riesgo crediticio. En otros países hay un buró positivo aquí inexistente que es, básicamente, un registro de buenos clientes o buenos pagadores y eso ayudaría para no tener que fijar precios altos en prevención del riesgo de impagos porque no contamos con las grandes bases de datos que sí tiene la banca y que les permiten analizar la solvencia y ajustar precios al perfil del cliente".

Los archivos o burós negativos que registran los impagos y sí están operativos y accesibles resultan insuficientes para las fuentes consultadas por dos circunstancias: no recogen los fallidos en pequeños créditos, lo que impide advertir usuarios insolventes o malos pagadores si su morosidad está distribuida entre muchas operaciones de bajo importe; y adolecen de un retraso en actualizar los datos, con decalajes de semanas, que entorpece una actividad que compite, entre sus cualidades, con otorgar el préstamo al instante.

La industria asume que el proyecto del buró positivo no arranca porque no interesa a la banca tradicional, a la que tambien reprochan retrasos o incidencias a la hora de enganchar las plataformas para acceder a las posiciones financieras de los peticionarios de créditos aunque el llamado openbanking lo impuso la directiva europea de pago. La menor visibilidad en el análisis la compensan con la solicitud al cliente de sus nóminas o ingresos, sin eliminar bien el factor de riesgo y que suma margen a unos precios hoy aumentados por la subida de tipos de interés ("el coste de la financiación se encareció desde el 0% a más del 4%" en meses", recuerdan las fuentes consultadas).

Registro y control por el supervisor

Una circunstancia que ha tenido además lugar en medio del terremoto judicial causado por dos factores que han disparado la proliferación de bufetes de abogados que se vuelcan en captar clientes para llevarlos a los tribunales. De un lado, la "sentencia WiZink" que, aunque haya sido corregida y precisada en fallos sucesivos, ha puesto contra las cuerdas la actividad. Y de otro, la aprobación de un tipo de concurso de acreedores para particulares donde, si el proceso se declara "sin masa", no precisa nombrar a un administrador concursal y las entidades deben rastrear los procesos para verificar si algún cliente les ha demandado y personarse, con el consecuente coste de abogado y procurador. "Esto obviamente genera mucha incertidumbre en el sector", refieren.

La industria asume que en el sector operan firmas con TAEs disparatadas y que financian sin analizar adecuadamente la capacidad de pago junto a entidades prime y otras subprime, con precios elevados pero actividad sana y que buscan dar soluciones además a colectivos de ciudadanos que, a menudo, no encuentran crédito tradicional pese a ofrecer una sólida solvencia (autónomos y profesiones especiales o temporales).

Una demanda histórica para resolver la situación de buena parte del sector es establecer la reserva de actividad, que exigirá integrarse en un registro y someterse a la vigilancia del Banco de España. Llegará porque lo impone la directiva del crédito al consumo, pero su desarrollo, aún abierto, aleja la opción varios años en el calendario.